El Meta, entre los departamentos en donde peligra la ‘Paz Total’

La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo reporte en el que alerta sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, incluyendo al departamento del Meta e impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por alias “Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, y organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.

“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En lo que compete al Meta, junto al departamento del Guaviare, desde el 2024 han sido los escenarios en donde se presenta una fuerte disputa entre las facciones de las disidencias de Mordisco y las de Calarcá.

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En un combate en Calamar, en enero murieron 20 personas pertenecientes a las disidencias de Mordisco, 7 eran menores de edad: 4 adolescentes mujeres y 3 adolescentes hombres. Asimismo, circuló un video de 11 menores de edad “recuperados” por la disidencia Calarcá en combates contra el grupo de ‘Mordisco’.

La violencia ha causado el confinamiento de comunidades indígenas y el reclutamiento forzado de menores de edad en Mesetas y Uribe, además del desplazamiento de 860 personas en 2025.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que implementen medidas inmediatas que protejan a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Insta a que se tomen en cuenta las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información disponible en las instituciones del Estado. Además, solicita a la comunidad internacional que refuerce su apoyo a las iniciativas humanitarias y exija el respeto de los derechos de las personas en riesgo.

Asimismo, exige a los grupos armados ilegales que respeten los derechos de la población y el derecho internacional humanitario, cesando la instrumentalización de organizaciones comunitarias para sus fines. Pide al Gobierno nacional que, en los diálogos vigentes, exija el respeto al derecho humanitario, la no vinculación de civiles al conflicto y la liberación inmediata de menores reclutados. 

“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó la Defensora del Pueblo.