El Meta está preocupado por alza en el predial

El incremento en el impuesto predial tras la implementación del catastro multipropósito causó preocupación en varios municipios del Meta, como Puerto Gaitán, Puerto López, Mesetas, San Martín, Puerto Concordia y El Castillo, donde campesinos y autoridades locales denuncian cobros desproporcionados que podrían afectar la economía rural. La situación ha puesto en evidencia fallas en la aplicación del proceso y ha abierto un debate sobre la capacidad institucional para liquidar correctamente estos tributos.

Por Melissa Céspedes

Según explicó Shirley Socha, coordinadora de operaciones de actualización catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el proceso no corresponde a una actualización catastral completa, sino a un ajuste masivo de avalúos en el marco del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que busca reducir el rezago en municipios con información desactualizada.

En ese sentido, la vocera de la entidad aclaró que su competencia “llega hasta la determinación del avalúo, mientras que la liquidación del impuesto es responsabilidad de las alcaldías”. Sin embargo, reconoció dificultades en la implementación. “Hemos detectado falencias en las capacidades del personal encargado de la liquidación y también deficiencias tecnológicas, lo que puede generar inconsistencias”.

Además, precisó que la normativa establece límites para evitar incrementos desmedidos: “si su predio no supera las 100 hectáreas, no se le puede liquidar más del 50 % de lo pagado el año anterior, y en predios de mayor extensión tampoco se puede superar ciertos topes, porque no se trata de una actualización sino de un ajuste”.

En contraste, varios líderes locales cuestionaron la forma en que se aplicó el proceso, uno de ellos fue el concejal de El Castillo, Emiro Rueda, quien calificó la medida como inadecuada y alejada de la realidad rural. “Lo que hicieron, lo hicieron de una manera antitécnica e irresponsable, porque desde un escritorio no se puede definir el avalúo de predios ubicados en zonas apartadas donde el Estado ni siquiera ha garantizado vías, servicios públicos o condiciones básicas”, afirmó.

De igual forma, advirtió que los cobros superan la capacidad económica de los campesinos, “se está imponiendo un cobro que desborda toda capacidad de pago, obligando a muchos a pensar en vender sus animales o sus bienes para cumplir con una obligación que consideran injusta”, enfatizó.

Por su parte, alcaldes del departamento también alertaron sobre el impacto en la comunidad. El mandatario de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez López, señaló que el incremento fue significativo en varios casos. “Lo que hizo fue aumentar desproporcionadamente el impuesto; estamos hablando de predios que pasaron de pagar cifras razonables a valores que incluso se duplicaron, y la comunidad es la más afectada”, explicó.

Además, insistió en la necesidad de mayor articulación institucional, “si este proceso se hubiera trabajado de manera coordinada desde el inicio, se habrían evitado estos impactos, hoy estamos buscando soluciones con las entidades para revisar los avalúos y ajustar los cobros a la realidad de los contribuyentes”.

En el mismo debate, la alcaldesa de Fuente de Oro, Ana Shirley González, advirtió que el impacto es mayor en municipios rurales cuya economía depende del campo. Señaló que gran parte del recaudo proviene del sector agrícola y que las limitaciones presupuestales dificultan asumir estos procesos.

“Nuestro municipio depende en un 80 % del predial rural y no tenemos cómo asumir una actualización por cuenta propia; hacerla cuesta más de mil millones de pesos, recursos que tendríamos que quitarle a vías, escuelas o centros de salud”, explicó.

Frente a este panorama, desde la Asamblea del Meta se plantearon alternativas para mitigar la situación.

El diputado Wilmar Barbosa aseguró que hay herramientas para reducir el impacto, pero también cuestionó la responsabilidad del nivel central. “El golpe a las comunidades se puede resolver si se revisan los casos y se aplican los límites, pero también hay una responsabilidad del Gobierno Nacional en no haber consolidado una norma más clara y progresiva”, afirmó. En esa línea, insistió en que se deben tomar medidas temporales y ajustes normativos que eviten que los contribuyentes pierdan beneficios o enfrenten cobros excesivos.

Lea: Villavicencio: Actualización catastral y retrasos en predial generan inquietud ciudadana

De igual forma, el diputado Oswaldo Avellaneda destacó la necesidad de acompañar a los municipios en la correcta aplicación de la ley. “Vamos a hacer ese proceso de acompañamiento para que la liquidación del impuesto se haga de acuerdo a lo que contempla la ley, respetando los límites establecidos y garantizando que no se afecte de manera desproporcionada a los campesinos”, afirmó.

Finalmente, en lo que avanzan las mesas de trabajo entre entidades y gobiernos locales, la expectativa se centra en encontrar soluciones que permitan equilibrar el recaudo fiscal con la realidad económica del campo, evitando que el proceso catastral termine generando una carga excesiva para las comunidades rurales del Meta.