El trago amargo de las deudas en la Unidad de Licores del Meta

La Unidad de Licores del Meta (ULM) enfrenta un momento crítico que pone en duda su sostenibilidad financiera y su papel como generadora de recursos para el departamento. En medio de un mercado cada vez más competitivo y de cambios en el consumo, las cifras recientes evidencian un deterioro progresivo que ya empieza a impactar no solo su operación, sino también las finanzas de la salud.

Por Melissa Cépedes

Para 2025, la entidad reportó ingresos por $1.692 millones, pero sus gastos alcanzaron los $1.973 millones, lo que generó un resultado operacional negativo. Aunque obtuvo un excedente bruto de $1.071 millones, este no fue suficiente para cubrir los costos, dejando un déficit operacional de $572 millones y un resultado neto negativo de $581 millones.

La entidad señala que “los gastos de administración y operación, así como los gastos de ventas, superaron el excedente generado en el ejercicio, dando lugar a un resultado operacional insuficiente”, lo que confirma que la capacidad de generación de ingresos ya no está cubriendo su estructura de costos.

Pese al escenario financiero adverso, la Unidad de Licores del Meta es enfática en señalar que no mantiene deudas con el sistema financiero. Según respondió a este medio: “la entidad no registra obligaciones financieras con entidades de crédito”.

No obstante, Periódico del Meta conoció documentos que evidencian un desbalance financiero en la Unidad de Licores durante 2025. A las cifras reportadas por la entidad se suma un dato clave, cuentas por pagar por $1.395 millones, lo que refleja el nivel de compromisos acumulados con proveedores y terceros.

El informe detalla que gran parte de esta deuda viene de vigencias anteriores. En 2024, las cuentas por pagar alcanzaban $1.222 millones, con obligaciones hacia entidades del sector licorero y operadores logísticos. Para 2025, se suman nuevas deudas por más de $205 millones, relacionadas con nómina, seguridad social, mantenimiento y servicios administrativos.

En conjunto, estas obligaciones evidencian una fuerte presión financiera, que no solo compromete a proveedores, sino también el funcionamiento interno de la entidad, incluyendo pagos laborales, lo que pone en duda su sostenibilidad.

Frente a este panorama, la Unidad de Licores del Meta explicó que, “la sostenibilidad financiera de la entidad ha sido impactada estructuralmente por las dinámicas del mercado de licores, incluyendo el aumento de la competencia, cambios en los hábitos de consumo y la presencia de productos ilegales como el contrabando y la adulteración”. A esto se suma el impacto de decisiones regulatorias que, según la entidad, “han promovido la libre competencia en el sector, generando condiciones más exigentes para los productores regionales”.

La entidad también advierte que, el entorno competitivo ha reducido su participación en el mercado. “La apertura del mercado ha permitido el ingreso de nuevos actores con mayor capacidad de inversión y posicionamiento, lo que ha impactado la participación de los productos tradicionales en el mercado regional”. Este escenario, agrega, configura una “competencia claramente desigual”, especialmente frente a marcas con alcance nacional e internacional.

Sin embargo, desde el control político, el diputado Wilmar Barbosa advierte que la situación de la Unidad de Licores es crítica y con impacto directo en las finanzas del departamento.

“Se evidencia una caída acumulada en ventas superior al 60% en los últimos dos años. Este comportamiento pone en riesgo la sostenibilidad del modelo”, afirmó. Además, alertó sobre posibles presiones fiscales con brechas “entre $9.000 millones y más de $25.000 millones”.

Para Barbosa, la crisis responde a la falta de decisiones estructurales, como la no modernización del modelo de negocio, debilidades comerciales y ausencia de controles de costos. “Tampoco se implementaron indicadores de gestión que permitieran anticipar el deterioro”, señaló, sumando fallas en la lucha contra el contrabando.

Frente a este panorama, plantea acciones inmediatas como una auditoría integral y un plan de choque comercial. “Se requiere una auditoría financiera, operativa y comercial que determine el nivel de pérdidas y la estructura de costos”, explicó.

El diputado enfatizó que, “no se trata de preservar una estructura institucional, sino de garantizar que los recursos públicos se administren de manera eficiente y generen valor para la ciudadanía.”, concluyó, advirtiendo que la inacción podría agravar los costos fiscales y sociales para el departamento.

“Existe el riesgo de incumplir los límites establecidos por la Ley 617, lo que podría afectar la categoría del departamento y su capacidad de gestión financiera”, finalizó.

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En contraste con estas posturas, una fuente cercana a la Asamblea advierte que la viabilidad de la Unidad depende de decisiones urgentes tanto financieras como comerciales.

“La unidad por sí sola nunca va a pagar las deudas que tiene. Si no existe la voluntad política de meterle los recursos y no se busca una estrategia de mercadeo para potencializar las ventas, esto va a seguir cayendo”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el manejo comercial de los productos, señalando prácticas que estarían afectando los ingresos. “Se paga la producción, se sacan las botellas, pero muchas terminan regalándose como parte de patrocinios o contraprestaciones. Entonces lo que entra no compensa lo que vale producir, y eso es lo que está pasando”, indicó.

Por otra parte, desde una mirada académica, Clara Inés Pardo, economista de la Universidad del Rosario, explica que el modelo tradicional de las licoreras departamentales “ya no es sostenible por sí solo”, por lo que plantea migrar hacia un esquema más orientado al mercado, diversificando el portafolio y apostando por valor agregado. En ese contexto, el reto es “pasar de competir por precio a competir por marca, experiencia y diferenciación”.

Además, señala limitaciones como “alta carga fiscal, rigidez administrativa y baja competitividad frente a privados”, por lo que propone fortalecer el gobierno corporativo y enfocarse en rentabilidad. Su conclusión es pasar de “una fábrica pública protegida” a “una empresa pública competitiva, enfocada en marca, rentabilidad y mercado”.

Finalmente, la Unidad de Licores del Meta plantea una hoja de ruta enfocada en ajuste interno y fortalecimiento comercial. Entre las acciones previstas, indica que se busca “mejorar la eficiencia operativa, optimizar el gasto y fortalecer la gestión comercial”, así como ampliar su presencia en el mercado.