Enredado el cierre financiero de la vía Alto Neblinas – Rubiales

En caso de que las obras no empiecen en los tiempos acordados, las comunidades han amenazado con realizar nuevos bloqueos.

Por Luissa Fernanda Pérez

Desde julio del 2022 se había anunciado la pavimentación de la vía Alto de Neblinas-Rubiales, en Puerto Gaitán; solo el 17 de septiembre de ese mismo año, y tras superar muchos intereses y obstáculos administrativos, se firmó un convenio para ejecutar el proyecto.

Entonces se dijo que el primer trimestre del 2023 empezarían obras, pero ya hoy las autoridades locales aseguran que sería en septiembre próximo.

La inversión del proyecto es de 512.000 millones de pesos, recaudados por Ecopetrol, Gobernación del Meta, Alcaldía de Puerto Gaitán, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frontera Energy Colombia Corp, Tecpetrol Colombia S.A.S., Cepsa Colombia S.A. y Hocol. Una bolsa común para llevarles desarrollo a unas comunidades olvidadas siempre.

Las obras contemplan su realización en dos fases: la primera, consta de los primeros 93 kilómetros y empezaría el primer trimestre de este año en curso, sin embargo, en terreno no han comenzado obras y ante los hechos, la comunidad salió a protestar.

Más de seis días duró el bloqueo que provocó la insistencia de la comunidad en que hiciera presencia el Gobierno Nacional para entablar diálogos que hicieran cumplir lo que han esperado por más de 40 años. Finalmente, después de cinco horas de reunión entre la delegación del Gobierno Nacional y voceros manifestantes del sector, se adquirieron varios compromisos para echar a rodar la obra.

En febrero de este año fue aprobada por la Asamblea del Meta el proyecto de ordenanza por medio del cual se establece el cobro para financiar, parcialmente, el mejoramiento de la vía, sin embargo, este documento fue devuelto por la Gobernación del Meta, ya que en la sesión se hicieron unas modificaciones como la del aumento de las áreas de los predios exentos de pago y el cambio de porcentajes en la tabla de valoración, razón por la cual se rechazó la ordenanza que estaba lista para firma de Juan Guillermo Zuluaga.

“La ordenanza la objetaron, esta no fue sancionada por el Gobernador; la objetó por ilegal, porque las modificaciones que propusimos de ampliar la extensión del cobro de la contribución de valorización de 50 a 200 hectáreas, no fue emitido por concepto del gobierno, sino que lo emitió la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), ese fue su argumento”, explicó la diputada, Ximena Calderón.

En pocas palabras, ordenanza para cobro de valorización nunca hubo y el proyecto, al ser devuelto tiene que radicarse de nuevo, pero hasta la fecha, no se ha radicado. “La ordenanza es importante porque esta representa el cierre financiero del proyecto, ya hay $240.000 millones de la industria, la inversión de la comunidad de valorización que son $115.000 millones. Creo que como es un proyecto de importancia estratégica, supera la vigencia constitucional de este gobierno, entonces, después de que esto se apruebe, tiene que haber una vigencia con una excepcionalidad, que reúne aportes de la nación superiores al 50% que lo tenemos con Ecopetrol, hasta ahí íbamos, pero al objetarla, no sé cómo organizarán el cierre, si finalmente van a buscar un excedente presupuestal en regalías o si van a financiar con valorización y como lo harán, porque no han radicado proyecto”, expresó Calderón.

La diputada espera que se radique en las extraordinarias de mayo, ya que en este momento la Asamblea no se está sesionando y el tiempo corre, las obras deben empezar para el mes de septiembre: “esto debe agilizarse o sino, la comunidad empezará a exigir resultados”, dijo.

Entre tanto, el alcalde de Puerto Gaitán, Jorge Plazas Hernández, expresó que esta vía será un hecho: “estamos trabajando en los ajustes para empezar el primero de septiembre, esto es un compromiso con la comunidad, por nuestra parte, la alcaldía se mantiene en todos los compromisos adquiridos, pero tengan la plena seguridad de que la vía se hará”.

La alcaldía tiene un tramo de 15 kilómetros, que se espera empezar el primero de septiembre en un tiempo de un año de ejecución. “Son compromisos que adquirimos, si no se cumplen con esas fechas establecidas, vamos a tener complicaciones en el tema de orden público”.

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