EPS pagan mínima deuda

En medio de la crisis que afrontan los centros médicos de la red pública de salud por falta de pago de las EPS, el pequeño porcentaje de pago al que se comprometieron algunas de esas empresas, es un poco de alivio. En total seis EPS e igual número de hospitales del Meta llegaron a acuerdos de pago por 2.333 millones de pesos durante la Mesa de Flujo de Recursos que organizó la Superintendencia Nacional de Salud en Bogotá. En la jornada participaron los hospitales Local de Puerto López, Municipal de Acacías, local de San Martín, el de Castilla La Nueva, el de San Carlos de Guaroa y la Empresa Social del Estado de Villavicencio.

Asistieron también las EPS Capital Salud, Cajacopi, Nueva EPS, Medimás, Salud Total y la Secretaría de Salud del Meta. La Empresa Social del Estado de Villavicencio fue la que mayores recursos acordó: $1.080’002.463. De estos, $1.035’002.100 los recibirá de Cajacopi; $25’350.245 de La Nueva EPS; $17’411.454 de Medimás y $2’238.664 de Salud Total. El Hospital local del municipio de Puerto López acordó pagos por $8’406.467 con Cajacopi; por $63’665.250 con Nueva EPS; por $12’956.311 con Salud Total y por $5’325.130 con la Secretaría de Salud del Meta. Al hospital municipal de Acacías, Cajacopi le pagará $7’307.700; Nueva EPS, $69’380.420; Medimás $470’526.706; Salud Total $82’644.576 y la Secretaría de Salud del Meta $30’484.551.

El hospital local de San Martín recibirá $13’284.316 de Capital Salud; $10’830.501 de Cajacopi; $49’560.325 de Nueva EPS; $60’707.105 de Medimás; y $12’994.042 de Salud Total. Con el hospital de Castilla La Nueva, Cajacopi acordó un pago por $126’352.079; Nueva EPS por $40’065.320; y Medimás por $10’549.931. Mientras tanto el hospital local de San Carlos de Guaroa recibirá $3’544.152 de Cajacopi; $30’455.212 de Nueva EPS; y $144’128.651 de Medimás. Este arreglo en el que interviene la Supersalud, no alcanza para aliviar la crisis de los centros médicos en el Meta.

La situación es caótica a tal punto que, como se recordará en febrero pasado, la Superintendencia de Salud decidió continuar con la intervención que adelanta en el Hospital Departamental de Villavicencio desde 2015, a petición de la gobernadora del Meta, Marcela Amaya.

La mandataria argumentó que debido a la situación financiera del departamento, no se podrían asegurar nuevos recursos para el Hospital en esta nueva vigencia, debido a la disminución de las rentas propias y las regalías del petróleo, situación que ha sido expresada en repetidas oportunidades en la Federación Nacional de Departamentos y Presidencia de la República, en donde se evidencia que hoy nuestro ente territorial no es el mismo financieramente que hace algunos años.

Los ingresos corrientes han tenido un incremento importante durante las vigencias 2017 y 2018. Sin embargo, el recaudo por venta de servicios sigue estando en un promedio del 50 %, situación que genera un rezago mensual que se refleja en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, lamentó que el Hospital Departamental del Meta se haya convertido en “un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo”, y anunció investigaciones disciplinarias a los funcionarios designados para la inspección, vigilancia y control de la intervención forzosa para administrar el centro asistencia.

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