¿Estamos financiando la resiembra de coca?

La denuncia que hizo la senadora Maritza Martínez encierra una amenaza grande para la seguridad del Meta y la misma aplicación de los acuerdos con las Farc.

La ausencia de asistencia técnica es uno de los problemas que dejó el Gobierno Santos y que podría ser una de las causas para la resiembra.

La iniciativa es la apuesta más ambiciosa creada en Colombia para resolver el fenómeno de las drogas ilícitas de la mano con las comunidades. Fue lanzada en octubre del año pasado, reglamentado en febrero pasado, pero ya tiene problemas de fondo y un serio cuestionamiento por parte de la senadora de La U, Maritza Martínez.

Empecemos explicando qué es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Esta estrategia hace parte del Punto 4 de los acuerdos de La Habana, firmados con las Farc y denominado ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’, el cual busca transformar de manera integral las condiciones de vida de las comunidades rurales, mediante la superación de la pobreza y de la brecha entre el campo y la ciudad.

El PNIS, entonces, se basa en procesos de construcción y desarrollo participativos a través de asambleas comunitarias. El plan, que demandará inversiones de 9.800 millones de pesos en su primera fase, beneficiará a quienes hayan suscrito acuerdos con dicho programa.

Cada familia recibe alrededor de un millón de pesos mensuales si demuestra que está preparando la tierra para cultivos de uso legal. Sin embargo, el temor que expresó Maritza Martínez es que es innegable el aumento de las hectáreas de coca en departamentos como el Meta, donde el PNIS ya está en marcha.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos ilícitos en Colombia crecieron en 2016 hasta las 146.000 hectáreas, lo que supone un aumento del 52 % en un año, y un regreso a los niveles del año 2001.
Por eso, ante la plenaria del Senado, la senadora llanera advirtió que los dineros entregados a los campesinos por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos podrían estar siendo destinados a la compra de semillas para la resiembra de cultivos de coca.

“Con estas semillas la producción anual de clorhidrato de cocaína por hectárea será mucho mayor y más eficiente. Es decir que con los recursos que da el Gobierno se podría estar financiando la compra de las semillas con las cuales se expandirán, aun más, los cultivos ilícitos a partir de octubre de este año, fecha en la que se cumple un año del programa”, aseguró la Senadora en un comunicado.

Martínez Aristizábal aseguró que uno de los territorios más propensos a padecer los efectos de la resiembra de coca es la Orinoquia, lo que puede resultar en una crisis social profunda y alteración de orden público, “es decir, regresar a un pasado tenebroso”.

De acuerdo con el informe sobre los resultados del PNIS elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, a 2018, el programa enfrenta importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución.

Según el documento de esa ONG “teniendo en cuenta que la erradicación es apenas el primer paso del tránsito hacia la economía legal, la Fundación considera que uno de los componentes centrales del PNIS es la asistencia técnica, necesaria para avanzar en los proyectos productivos. Y es aquí donde se encuentra el mayor rezago”.

Tiene razón: al 31 de marzo del 2018, ninguno de los seis municipios en el Meta que está enmarcado en el programa de sustitución, había tenido ningún tipo de asistencia técnica, peor en cambio en promedio sí más del 80 por ciento de las familias había recibido al menos el primer pago.

“Los informes oficiales son muy optimistas, pero en el sur del Meta y Guaviare esto es lo que está ocurriendo, y si el Gobierno no hace presencia inmediata y destina recursos para atender esta situación, a partir de octubre veremos cómo los indicadores sobre cultivos ilícitos y seguridad nos mostrarán un panorama poco alentador, por eso debemos revisar a tiempo el enfoque del programa”, dijo Martínez al conocer el informe de Ideas para la Paz.

Para la Fundación, los rezagos del Programa y las dificultades en su implementación deben ser entendidos en el marco amplio de implementación de los Acuerdos de Paz. Si bien la responsabilidad del proceso de sustitución recae sobre el PNIS, los avances dependen de la intervención del Estado.