Arde la frontera entre Guainía y Venezuela

El fácil tránsito entre los dos países se convirtió en el acceso para actividades clandestinas que repercuten en la situación social de los guanianos.

Por Lina Herrera 

“Son mafias colombianas que desde Colombia han comandado este ecocidio contra el Amazonas. Estas mafias operan dentro de Colombia (…) Vienen a destruir la amazonía venezolana, la naturaleza, los ríos ¿De qué parte de Colombia estamos hablando? Puerto Inírida, Guainía”, Nicolás Maduro. 

Pese a ser un municipio pequeño de la Amazorinoquia, Puerto Inírida, es reconocido internacionalmente, además de su turismo llamativo y los imponentes cerros de Mavecure, por la situación social de la capital del Guainía, afectada por la minería ilegal que cruza la triple frontera (Colombia, Venezuela y Brasil) y se sitúa en Atabapo, especialmente en el Parque Nacional de Yapacana, una de las reservas naturales más grandes del país bolivariano.

En contexto, según un informe de la organización SOS Orinoco, en esta zona, desde mediados de la década de los ochenta, hay presencia de extracción de oro en dimensiones muy pequeñas, y su crecimiento se aceleró en el año 2004 y tomó una pendiente muy alta a partir de 2012 y 2014. 

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En este punto se radicaron tanto venezolanos como colombianos. Es común escuchar entre habitantes de Inírida que “se van al río a trabajar en las minas”. Sin embargo, dedicarse a esta actividad clandestina depende de un golpe de suerte.

De acuerdo con una persona cercana al trabajo de minas, quien lleva maquinaria hasta Yapacana, “en una semana de trabajo se puede obtener el salario de 20 años”. 

“Hay personas que llegan a la mina sin nada, como muchos decimos ‘con una mano adelante y otra atrás’, a la semana tienen para comprar lo que no han podido ganarse en 20 años de trabajo. Así como otras personas que llevan años allí y no sacan mucho. Viven el día a día como si vivieran en una ciudad viviendo del rebusque”, expresó. 

Asimismo, la jornada laboral no tiene un límite previsto: “es demasiado duro. Se empieza labor desde las 3 a.m. hasta terminar a las 6 p.m. y otros turnos duran 24 horas, tanto en maquinaria como en labor artesanal llamada ‘repelar’”, agregó. 

No se tiene clara la fecha de llegada de colombianos a este sitio, pero sí de la posible fecha de salida, es más, el pasado 13 de septiembre, las minas de Yapacana sucumbieron ante la violencia. 

Una tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llegó a la mina ‘Cacique’ para efectuar la operación ‘Autana’, la cual consistía en desmantelar la actividad ilegal y borrar toda huella de la minería en este punto. 

Según datos compartidos públicamente por el general Domingo Hernández Lárez, del Comando Estratégico Operacional de FANB, más de 14.110 personas fueron desalojadas de Yapacana, incluyendo entre ellos a 4.000 colombianos, quienes también tenían 16 campamentos allí. 

Esta acción provocó un enfrentamiento entre los militares y los mineros, dejando heridos e incluso muertes. Al Hospital Renacer, en Inírida, llegaron cuatro personas con heridas presuntamente ocasionadas con armas de fuego, de acuerdo con la Policía del Guainía.

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Cabe destacar que en febrero de este año, previo al operativo, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos que podría sufrir la población civil ante estos desmantelamientos y a su vez, emitió la Alerta Temprana 003 de 2023, en donde señalaba la incidencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en estos hechos.

“La dinámica creciente de los GAO en la zona de frontera, Estados Amazonas y Bolívar de Venezuela, ha configurado un escenario de riesgo que tiene alcances binacionales. (…) como el Frente Acacio Medina, establecieron el grueso de sus fuerzas, sus intereses económicos y su liderazgo en territorio venezolano. Por su parte el proceso de paz con las Farc ofreció al Eln una oportunidad estratégica para posicionarse en los antiguos territorios controlados por las Farc, se adentraron en regiones venezolanas como los estados Apure y Amazonas”, señaló la Defensoría en la Alerta.

También se añade que en los territorios de comunidades indígenas y áreas de importancia ambiental como Yapacana, son gravemente impactados por el control violento que allí ejercen; aprovechan la extensa red de ríos como el Orinoco, Ventuari y Casiquiare para tener movilidad por toda esta vasta zona de frontera, extraer rentas de la creciente explotación ilegal de oro y demás actividades relacionadas con el narcotráfico (producción, tráfico y exportación).

No obstante, se indica que no se descarta que ante posibles operativos de control en las áreas de explotación minera del Estado Amazonas se pueden generar riesgos de desplazamientos masivos, combates o confrontaciones con interposición de población civil y otro tipo de amenazas contra la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la población de la zona de frontera.

Periódico del Meta consultó a Carolina Guerrero, secretaria de Gobierno de la gobernación del Guainía, preguntándole sobre el control de ingreso de migrantes provenientes de las minas, los colombianos capturados y la situación social desencadenada por el desmantelamiento. Guerrero, tan solo manifestó que: “se ha brindado acompañamiento a la entidad municipal para dar una respuesta efectiva a las situaciones que se están presentando en razón a la movilización humana generada (…) por el momento se está trabajando en establecer las afectaciones que generan la movilización de la población al departamento y al municipio de Inírida”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio del aniversario de la FANB, señaló la búsqueda de apoyo del Ministerio de Defensa colombiano para hacer frente a las ‘mafias colombianas’, que, según él, son los principales autores detrás de la minería ilegal en su país. 

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