Por amenazas a funcionarios públicos y candidatos a las próximas elecciones, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, acudió a tribunales internacionales para pedir medidas cautelares. 

Los amenazados son por los menos 35 servidores públicos entre los que están 26 alcaldes, 3 gobernadores, 1 personero y 4 concejales, además de 42 candidatos, lo que pone en riesgo las próximas elecciones regionales, así lo anunció Camargo, desde Bucaramanga en el encuentro de la Corte Suprema de Justicia.

«Todos ellos han sido objetos de intimidación por parte de los grupos armados ilegales. Estamos pidiendo con carácter inmediato la protección por parte del Estado Colombiano a través de una medida cautelar, hay que garantizar la vida de todas las personas en este ejercicio democrático«, dijo Camargo.

Le pide al presidente de la República que tome cartas en el asunto sobre esta situación que él ha venido advirtiendo 70 días antes de las elecciones.

Las regiones más amenazadas son Meta, Guaviare, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, Arauca,  Bolívar y Chocó. Algunos funcionarios han tenido que renunciar a sus cargos, producto de las presiones de estos grupos armados ilegales.

«En varias oportunidades han intentado atentar contra nuestra vida y son muchas las amenazas que tenemos, pero no nos vamos a esconder en la cobardía del silencio«, expresó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. 

Asimismo, el gobernador del Guaviare,  dijo que han venido denunciando el aumento de las extorsiones, el desplazamiento y el asesinato de líderes campesinos, la presencia de las disidencias en las Instituciones Educativas y el reclutamiento de niños y adolescentes. 

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