Gobierno activa Fuerza de Tarea Conjunta Urano contra el hurto de hidrocarburos

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad conformada por 1.200 hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, que contará además con la articulación de la Fiscalía General de la Nación.

La activación se realizó en el Batallón La Popa, en Valledupar, Cesar, y tiene como propósito, según explicó el Gobierno, fortalecer la lucha contra las estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos y las rentas derivadas de esta actividad.

Durante el acto, el presidente señaló que la estrategia no se concentrará únicamente en los puntos donde se realiza el robo de combustible, sino que buscará identificar y afectar toda la cadena, incluyendo el almacenamiento, transporte, comercialización, compra y aprovechamiento económico del hidrocarburo obtenido de manera ilegal.

De acuerdo con De La Espriella, una de las instrucciones para esta unidad será seguir la ruta del dinero y establecer quiénes financian, transportan, almacenan, compran y se benefician de estas actividades.

En mi gobierno vamos a llegar a la médula de esta operación, caiga quien caiga. Yo no vine aquí a proteger a nadie. Aquí va a caer el que tenga que caer, porque la ley es para todos, y en una democracia lo único que hace igual a los ciudadanos es la ley.

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Más de 1,2 millones de barriles reportados como robados

El presidente aseguró que durante este año se han reportado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos hurtados en Colombia, con un valor estimado superior a los 771.000 millones de pesos.

Según el Gobierno, los recursos provenientes de esta actividad terminan alimentando otras economías ilegales, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.

El mandatario sostuvo que cerrar una válvula clandestina o intervenir un punto específico de extracción no sería suficiente si las autoridades no logran identificar a quienes financian y participan en las etapas posteriores del negocio.

Por ello, Urano tendrá entre sus objetivos establecer quién compra los hidrocarburos obtenidos ilegalmente y quién obtiene ganancias de esta actividad, con el propósito de afectar las estructuras económicas que permiten su permanencia.

El Gobierno también advirtió que mantendrá la presión sobre estas organizaciones y anunció que las personas vinculadas a esta cadena serán perseguidas judicialmente, de acuerdo con las investigaciones y actuaciones de las autoridades competentes.