Golpe a las AUC: Fiscalía afecta bienes en el Meta y otras zonas por $65.000 millones

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha un nuevo golpe contra el patrimonio ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con medidas de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos, algunos de ellos ubicados en el Meta.

En total, fueron afectados 19 predios en Antioquia, Meta y Casanare, sobre los que se impusieron medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Las acciones fueron ejecutadas por el CTI, con apoyo del Ejército, por orden de un magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

Según las investigaciones, estas propiedades no solo sirvieron como refugio de estructuras armadas, sino que también funcionaron como soporte económico del extinto Bloque Bananero de las AUC. En el caso del Meta y Casanare, se trata de cuatro bienes, uno urbano y tres rurales, que harían parte de esta red de activos ilícitos.

Las autoridades lograron establecer el origen de los predios mediante labores de análisis predial, reconstrucción histórica y verificación documental, evidenciando cómo estos bienes habrían sido utilizados dentro de la estructura financiera del grupo armado.

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Uno de los casos más representativos es  la hacienda El Cocuelo, que se encuentra en Antioquia, fue fragmentada en varios predios y puesta a nombre de terceros para ocultar su procedencia ilegal, una práctica que, según la Fiscalía, buscaba evadir la acción de la justicia.

«Un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades«, expresó el ente investigador.

Los bienes incautados serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado, en un proceso que busca recuperar activos obtenidos de manera ilegal y ponerlos al servicio de quienes resultaron afectados por la violencia.