¿Gremio o finca? | Editorial
- Publicado en Nov 15, 2026
- Sección Columnistas, Lo Mas Reciente
Anunciado oficialmente que el próximo 3 de diciembre el sector empresarial del Meta tiene la cita para elegir a los ocho miembros principales y los suplentes que integrarán la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), hay varias cosas por decir.
En teoría, este proceso representa el ejercicio democrático más importante del empresariado regional y en el país, pues varias cámaras elegirán directivos; pero en la práctica, la jornada volverá a desarrollarse en un ambiente enrarecido por las sombras del clientelismo, los intereses personales y el cálculo electoral.
Durante los últimos años, la CCV ha visto erosionada su credibilidad institucional. No es un secreto en Villavicencio que varios de sus dirigentes recientes han utilizado la plataforma gremial como trampolín para objetivos políticas particulares.
Si bien la ley no prohíbe que los directivos tengan afinidades partidistas, resulta nocivo para el desarrollo económico del departamento que las agendas individuales desplacen las prioridades reales de los comerciantes, quienes sostienen la entidad con sus aportes.
Ellos esperan desde el gremio el liderazgo, la gestión y la defensa de la competitividad regional que, dicho sea de paso, volvió a retroceder en Villavicencio.
Hoy, entre los afiliados crece una inquietud legítima: el temor de que la Cámara termine administrada como una finca privada, donde quienes ostentaron el poder busquen dejar ‘caporales’ al cuidado de la hacienda para seguir gobernando en cuerpo ajeno.
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El 17 de noviembre, cuando se publiquen las listas definitivas de candidatos, el sector productivo podrá comprobar qué tanto peso tienen esas estructuras continuistas frente a las aspiraciones de renovación auténtica.
La historia reciente obliga a mantener los ojos abiertos. Hace seis años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la intervención de la entidad tras advertencias de la Contraloría sobre posible detrimento patrimonial, nombramientos irregulares y directivos que no cumplían siquiera la condición de comerciantes.
A ello se suman algunas denuncias como la que hizo recientemente el mismo exdirectivo Henry Palma, por la creación de “empresas de papel” fabricadas para inflar censos electorales.
La Cámara de Comercio de Villavicencio no puede seguir siendo botín político ni feudo de intereses particulares. Los afiliados, que son los llamados por ley a garantizar la idoneidad y honorabilidad de la institución, tienen la responsabilidad ética de acudir a las urnas el 3 de diciembre y respaldar planchas independientes.
El futuro del principal gremio del Meta exige recuperar su dignidad institucional antes de que el desencanto termine por vaciarlo de legitimidad.
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