Hospital, inicia la cuenta regresiva

En octubre de 2015 inició la intervención de la Superintendencia de Salud al Hospital Departamental de Villavicencio. Recientemente, se anunció que en octubre la Gobernación volverá a administrar el centro hospitalario. ¿Cómo están las cuentas? Análisis.

Con la decisión de crear una mesa técnica de empalme entre la Superintendencia de Salud y la Gobernación del Meta, inició la cuenta regresiva para que el próximo mes de octubre, tras dos años de intervención por parte de Supersalud, la administración del Hospital Departamental de Villavicencio (HDV) vuelva a las manos de la Gobernación.

El primer efecto del levantamiento de la medida de intervención será que el Hospital tendrá que enfrentar los procesos ejecutivos y las medidas cautelares de embargo de las cuentas bancarias que estén vigentes, que por lo general se interponen para garantizar el pago de las deudas. Es decir, tendrá que hacerle frente a los acreedores y a los fallos judiciales en contra que tenga pendientes.

Deudas

Según información oficial, a 31 de marzo de este año, el HDV tenía pendientes por pagar 1.817 millones de pesos correspondientes a 25 fallos judiciales en contra. Adicionalmente, de acuerdo con lo expuesto por la oficina asesora jurídica en la Asamblea Departamental, el Hospital tiene una probabilidad alta de pérdida de procesos judiciales de 280 demandas, que suman un valor de 15.658 millones, aunque este dinero está aprovisionado en los estados financieros, o sea, ya está incluido en las cuentas por pagar. A eso hay que añadir una deuda de cinco mil millones de pesos por concepto de una querella presentada por organizaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo en el 2011.

Sumadas esas cuantías, más las deudas con proveedores y demás, el Hospital Departamental de Villavicencio tiene que pagar cuentas por un monto cercano a los 60.000 millones de pesos. Además, debe hacer frente a un déficit mensual de dos mil millones de pesos.

Estrategia

Ante esta situación, y siguiendo lo dispuesto en el plan de saneamiento fiscal y financiero ya aprobado, la Gobernación se comprometió a aportar 23.000 millones de pesos durante los próximos años, empezando con un aporte de cuatro mil millones este año.  Ese plan de saneamiento será la ruta que deberá seguir la persona que la Gobernación designe como gerente del Hospital a partir de octubre.  

Pero el dinero de la Gobernación está destinado a las deudas anteriores a la intervención. Según explicó Javier Villarreal, superintendente delegado para las medidas especiales de la Supersalud, “como tenemos mensualmente un hueco cercano a dos mil millones de pesos, lo que no puede ocurrir es que 23.000 millones de pesos me alcancen para un año”. Además, Villarreal afirmó que el dinero de la Gobernación debe estar destinado a pagar lo estipulado por las sentencias judiciales pendientes.

En octubre de este año, cuando la Gobernación asuma de nuevo la administración del HDV, dos años después de perderla, tendrá que lidiar con cuentas financieras distintas a las que estaban en los libros en octubre del 2015. En esa fecha, se creía que al Hospital le debían cerca de 116 mil millones de pesos. Tras la intervención, se encontró que había 31 mil millones no depurados. También se creía que las cuentas por pagar eran cercanas a 38 mil millones de pesos, pero en realidad ascienden, como ya se dijo, a alrededor de 60 mil millones. Eso, sin contar los 13.700 millones de pesos que la Superintendencia de Salud aportó desde el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaed), con los que se pagó deudas de contratos por prestación de servicios.

Dentro de las variables que siguen siendo una incógnita, está la deuda que las entidades en liquidación o liquidadas tienen con el HDV. Así, por ejemplo, Caprecom reconoció 32 mil millones de los cerca de 35 mil millones que debe, Saludcoop reconoció cinco mil de los 12.680 millones de deuda, y hay entidades como Solsalud y Humana Vivir que deben, sumadas la deuda, alrededor de 9.800 millones de pesos.

Pacientes para ser pacientes

A nivel asistencial, las estadísticas del propio Hospital señalan que, desde el 2015, han aumentado entre siete y diez el número de días de espera para la asignación de citas en consulta externa. En medicina interna, ahora hay que esperar 14 días; en pediatría, 12; en gineco-obstetricia, 10; y en cirugía general, 14.

 Además, el año pasado se firmó un contrato de servicios de oncopatología con una empresa que no cumplió lo pactado, motivo por el cual se buscó una nueva empresa. En consecuencia, desde agosto hasta finales del año pasado e inicios de este año hubo serias demoras en la realización de los exámenes de oncopatología, que son para pacientes con cáncer. Algunos de los afectados por estas demoras  fueron niños, a los cuales, según la ley, se les debe hacer los exámenes en menos de siete días.

Otra espera es la de los 114 equipos, por un valor cercano a los 32 mil millones de pesos, que la Gobernación había prometido entregar. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, había entregado al Hospital 59 equipos. Es decir, hacía falta entregar 55 equipos, dentro de los que se encuentra un equipo braquiterapia por un valor de 2.890 millones, que sufrió un daño y tiene que ser reparado para ser entregado.

En contraste, otro resultado de la intervención es la apertura de servicios como radioterapia, cuidados intermedios, nefrología y nefrología pediátrica, cirugía de la mano y la puesta en servicio de una ambulancia medicalizada.   Pero más allá de las cifras y los problemas financieros y judiciales, la Gobernación volverá a administrar un hospital que atiende a los pacientes de gran parte de la Orinoquia y debe lidiar con el impacto del cierre de algunos servicios de las clínicas privadas de Villavicencio.