Juliana Guerrero renuncia a cargo en la Universidad Popular del Cesar en medio de investigación por presunta corrupción

Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por un presunto entramado de intermediación en contratos públicos.

La carta de renuncia, fechada el 27 de julio de 2026, fue publicada por Alzate Hernández Abogados, firma que asumió la representación jurídica de Guerrero. En el documento, dirigido al presidente de la República, al Ministerio de Educación, al Consejo Superior Universitario y a la Universidad Popular del Cesar, la exfuncionaria aseguró que su decisión busca evitar que su situación personal interfiera con el ejercicio de las funciones públicas.

«Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses», señala el documento.

Guerrero agregó que comparecerá ante las autoridades competentes y atenderá los requerimientos judiciales. «Enfrentaré estas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional; compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos», indicó.

La renuncia se conoce luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenara el inicio de labores de policía judicial y dispusiera el traslado del caso a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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La investigación fue abierta tras una denuncia publicada por la revista Semana el pasado 26 de julio, en la que se señala a Juliana Guerrero y a su hermana, Verónica Guerrero, de presuntamente gestionar contratos públicos para empresarios a cambio de millonarios pagos.

De acuerdo con esa publicación, Juliana Guerrero habría sostenido reuniones con altos funcionarios para impulsar procesos contractuales mientras, presuntamente, recibía alrededor de 200 millones de pesos, además de un pago equivalente al 10 % del valor de cada contrato adjudicado. La denuncia también sostiene que Verónica Guerrero sería la encargada de mantener la relación con los contratistas.

Hasta el momento, las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para establecer si existieron conductas constitutivas de delito.