Corte Suprema abre indagación a Iván Cepeda por financiación en la consulta del Pacto Histórico
- Publicado en Sep 15, 2026
- Sección Lo Mas Reciente, Judicial
La Corte Suprema de Justicia evalúa la financiación de la consulta presidencial del Pacto Histórico, según lo anunciado este martes a través de las redes de la entidad.
La alta corporación judicial inició una fase de investigación preliminar enfocada en el senador Iván Cepeda Castro, con el fin de verificar la transparencia en los manejos financieros de la votación interna realizada por el Pacto Histórico a finales del año pasado.
Mediante este proceso, la Sala Especial de Instrucción busca dilucidar si existieron manejos anómalos en los registros económicos del certamen en el que la colectividad eligió a su aspirante para la contienda de la Casa de Nariño.
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Como parte del protocolo inicial, la magistratura dispuso la recolección oficiosa de elementos probatorios y fijó un calendario para escuchar los testimonios de diversas figuras políticas que integraron el proceso democrático interno.
Además de la declaración de Cepeda, el despacho contempla recibir la versión de personalidades emblemáticas de la coalición, entre quienes figuran el exalcalde paisa Daniel Quintero y las excoordinadoras de las carteras de Salud, Trabajo y Ambiente: Carolina Corcho, Gloria Ramírez y Susana Muhammad.
Del mismo modo, la agenda incluye las citaciones de la congresista Gloria Flórez, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolívar y la exlegisladora María José Pizarro.
El foco de la investigación judicial se centra en la revisión de un par de partidas presupuestales consignadas bajo el concepto de donaciones o aportes voluntarios dentro del balance contable del congresista.
La alerta principal sobre estos movimientos financieros surgió a raíz del aporte efectuado por un ciudadano identificado como Javier Antonio Pérez Páez, cuya contribución ascendió a 116 millones de pesos.
Este monto encendió las alarmas de los analistas e investigadores debido a que la cifra sobrepasa los topes legales permitidos para el patrocinio económico realizado por un individuo particular a una causa política.
Este expediente administrativo ya había transitado previamente por los estrados de la organización electoral colombiana. En el primer mes del año en curso, el Consejo Nacional Electoral resolvió abstenerse de iniciar un proceso sancionatorio formal contra el parlamentario.
En aquella oportunidad, la entidad administrativa determinó que la inconsistencia en los libros contables obedeció a una equivocación operativa al clasificar los montos, descartando así una falta intencional en la captación del dinero para la contienda partidista.
A pesar del pronunciamiento del organismo electoral, el tribunal supremo del país consideró necesario abrir su propio expediente penal para examinar autónomamente la validez y legalidad de las operaciones contables reportadas.
La alta magistratura aclaró que el inicio de esta recolección de información preliminar constituye una herramienta de verificación institucional y no representa una condena, imputación ni señalamiento definitivo de culpabilidad contra el congresista, quien mantiene intacta su presunción de inocencia mientras avanzan las diligencias ordenadas por el despacho ponente.
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