La violencia intrafamiliar crece en Villavicencio y pone a prueba las rutas de atención

Expertas advierten dificultades en la prevención y las rutas de atención, y plantean la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las víctimas y transformar los patrones culturales que reproducen las violencias.

Por Lina Herrera

De acuerdo con un análisis elaborado por Diego Villa, analista y  magíster en Management,  basándose en cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 1.683 casos de violencia intrafamiliar en Villavicencio, frente a 1.254 durante el mismo periodo de 2025. La diferencia corresponde a 429 registros adicionales, equivalentes a un incremento del 34,2 %.

El análisis también señala que la cifra de 2026 es la más alta de la serie presentada, que comprende el periodo 2010-2026. Después de una reducción en 2022 y 2023, los registros volvieron a aumentar en 2024 y 2025, con un crecimiento más pronunciado durante este año.

Por su parte, las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, correspondientes a enero-agosto de 2026, reportan 849 casos de violencia intrafamiliar en Villavicencio. De ese total, 614 corresponden a violencia de pareja; 124, a violencia entre otros familiares; 94, a violencia contra niños, niñas y adolescentes; y 17, a violencia contra personas adultas mayores.

Prevención que responda a las necesidades de las mujeres

Para Viviana Palacios, exsecretaria de la Mujer y activista por los derechos humanos, una de las dificultades está en la manera como se desarrollan las acciones de prevención, que, a su juicio, no siempre responden a las dinámicas territoriales de la violencia.

“Se dedican a hacer actividades en el marco del 8 de marzo, del  Día Naranja, pero no se concentran en un monitoreo real, en decir, por ejemplo ‘decir, » la violencia se está dando en la comuna 3 de manera paulatina los últimos 6 meses». Territorializar la cifra es una necesidad para la ciudad…”.

La activista también cuestionó el funcionamiento de las rutas de atención y la articulación entre las entidades responsables de recibir las denuncias, brindar protección y garantizar el acompañamiento psicosocial. Según señaló, las dificultades pueden presentarse desde la primera respuesta policial hasta la recepción de las denuncias y el acceso a los servicios de salud.

En sintonía, Teresa Alvarado, socióloga experta en temas de género, también cuestionó la capacidad de respuesta de las instituciones. A su juicio, persisten dificultades relacionadas con la formación de los profesionales, la oportunidad de la atención y la puesta en marcha de los mecanismos establecidos para prevenir las violencias contra las mujeres.

“Las normas existen, dan las orientaciones, pero no las cumplimos a nivel de la instancia local”, comentó.

Alvarado señala que las barreras para acceder a la atención y al acompañamiento pueden dejar a las mujeres sin respuestas suficientes en momentos críticos. Además, advierte que interpretar el regreso de una víctima con su pareja o el retiro de una denuncia como una decisión individual aislada impide comprender las condiciones en las que se desarrolla el ciclo de la violencia.

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“El feminicidio es la última instancia, o mejor, es el culmen de las violencias, pero debemos empezar a actuar desde que entendemos que hay violencias”, sostuvo.

Alvarado propone que el violentómetro, una herramienta que permite reconocer diferentes manifestaciones y niveles de violencia, deje de utilizarse únicamente como material de difusión y se incorpore a los procesos de prevención, atención y protección.

También plantea revisar las prioridades del gasto público para garantizar que los recursos destinados a las políticas de género respondan a las necesidades de las mujeres y contribuyan a prevenir y atender las violencias.

Ante el Concejo, la Secretaría de la Mujer destacó que durante 2026 brindó atención primaria en psicología y orientación jurídica a 352 casos de violencia de género o intrafamiliar, de manera presencial y virtual. Asimismo, reportó seguimiento a 2.016 casos de violencias basadas en género, articulación con las entidades responsables de las rutas de atención y acompañamiento a 14 mujeres con medidas de protección en el hotel refugio, víctimas de alto riesgo de feminicidio y violencia en el contexto familiar. 

¿Qué debería tener una estrategia institucional de prevención?

Más allá de las críticas a la respuesta institucional, la abogada Lina Céspedes, magíster en estudios de género y docente de la Universidad del Rosario, propone revisar la manera como se comprende y se aborda la violencia para construir una estrategia de prevención que involucre tanto a las instituciones como a la sociedad.

Uno de los primeros aspectos que destaca es la necesidad de reconocer el ciclo de la violencia y evitar que la atención se fragmente según el tipo de agresión o la entidad encargada de recibir cada caso.

Céspedes explica que una mujer puede experimentar simultáneamente violencia psicológica, física y económica, pero encontrarse con una oferta institucional dividida entre diferentes autoridades. Por ejemplo, el incumplimiento en el pago de alimentos puede requerir una actuación ante una autoridad distinta de la que atiende una agresión física.

Esta separación, advierte, puede obligar a las víctimas a desplazarse entre entidades y repetir sus historias sin obtener una solución integral.

“Eso hace que las mujeres tengan que hacer peregrinajes institucionales que las desgastan y no encuentran soluciones 360”, afirmó.

Por ello, plantea que las instituciones deben comprender las distintas manifestaciones de la violencia como parte de dinámicas que pueden relacionarse entre sí, en lugar de tratarlas como problemas independientes. La falta de autonomía económica, por ejemplo, puede aumentar la vulnerabilidad de una mujer frente al control o las agresiones de su pareja.

Pero su propuesta no se limita a mejorar la atención después de una denuncia. La abogada sostiene que una estrategia preventiva también debe intervenir sobre los estereotipos de género y las formas de relacionamiento que reproducen las desigualdades.

“Cualquier intervención que tenga por objeto prevenir la violencia de género tiene que incluir de manera efectiva a los hombres”, agregó.

Para Céspedes, ese trabajo debe comenzar desde edades tempranas y extenderse a los hogares, los colegios, las universidades, las comunidades y los espacios laborales. El propósito es cuestionar los prejuicios culturales sobre lo masculino y lo femenino que pueden favorecer relaciones de control, discriminación y violencia.

La abogada aclara que involucrar a los hombres no significa atribuir la responsabilidad de las agresiones a todos ellos de manera individual, sino promover una reflexión colectiva sobre las prácticas y creencias que sostienen las desigualdades.