Lo que no se ha dicho en la denuncia contra Juan Guillermo Zuluaga

La región política volvió a estremecerse luego de conocerse una nueva demanda del representante Jaime Rodríguez, contra el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga.

La denuncia penal instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por el representante Jaime Rodríguez Contreras, en contra del exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por presuntos hechos punibles en celebración indebida de contratos, indicaría que quienes van a responder ante los estrados judiciales podrían ser otros.

La acusación, también por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, está relacionada con el contrato 1693 de 2022, cuando Zuluaga era mandatario del Departamento del Meta.

Expertos consultados por Periódico del Meta afirman que Zuluaga, a pesar de que era el representante del Departamento del Meta y ordenador del gasto, no sería responsable directo por las supuestas irregularidades presentes en dicho contrato. La razón es sencilla: dentro de la estructura del gobierno existen otros ordenadores del gasto como son los secretarios de despacho, los gerentes y los directores de entidades descentralizadas. En este orden, el ordenador del gasto responsable de la ejecución del contrato 1693 de 2022 es el secretario que contrata, en este caso, el de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para la época de los hechos, 2 de junio de 2022, quien fungía como secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, era Eduardo Martínez Baquero.

Los analistas también conceptúan que gran parte de la responsabilidad recae sobre el entonces gerente de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Yhon Freddy Chávez Cagua, quien para la fecha fue designado como supervisor de dicho contrato, mediante la resolución No. 107 del 8 de junio del 2021. Chávez Cagua aún sigue siendo funcionario de la misma Secretaría.

Periódico del Meta indagó en la página del Secop II y pudo constatar que en ningún momento el supervisor entregó informes del desarrollo del contrato y, por el contrario, sí presentó solicitudes de suspensiones temporales del contrato, argumentando retrasos en la ejecución de las actividades, ocasionadas según Chávez, “por fuerza mayor e imprevistos fortuitos como factores climáticos influyentes al igual que por la época se estaba realizando el ciclo de vacunación contra la aftosa”.

Una de estas solicitudes de suspensión la realizó el día 13 de diciembre, dos días antes que terminara el convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Pese a esto, la justicia tendrá que llamar al exgobernador Zuluaga para que rinda descargos sobre las posibles anomalías, si la demanda avanza en los trámites.

El contrato de la polémica fue por un valor de $ 20.528’ 494.368, cuyo objeto era ‘El fortalecimiento de los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores del Departamento del Meta’, y se deriva del Convenio Interadministrativo No. 20210666 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento del Meta’.

Una vez los dineros fueron transferidos a las cuentas del Departamento, se realizó el contrato con el Consorcio Ganadería Meta 2022, para la adquisición de 2.304 novillas de vientre doble propósito. El consorcio estaba integrado por la Corporación Social para el Desarrollo Integral de los Municipios y Áreas Protegidas, Fundación Labriegos por la Paz, Organización Tiempos de Paz y la Corporación Para El Fomento Social De Colombia.

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Según la denuncia de Jaime Rodríguez, de las 2.304 novillas que trata el contrato, solo se entregaron por parte del contratista 765 semovientes por un valor unitario de $3’709.000 equivalentes a dos mil ochocientos treinta y siete millones trescientos ochenta y cinco mil pesos ($2.837.385.000), un valor muy lejano a los más de veinte mil millones que fue el valor del contrato.

Otra de las observaciones que hace el denunciante, es que según se desprende de la información contenida en los bonos de venta y en las guías de movilización, en el caso del ganado entregado a en el municipio de Puerto Lleras este no tiene marca o hierro: “Revisando los bonos de venta y las guías de movilización de las novillas encontramos que ni en uno ni en otro documento de obligatorio diligenciamiento para la comercialización y movilización del ganado, aparece reseñado el hierro o marca, chapeta o microchip con la que se identifique el bovino, en una clara transgresión de la normatividad vigente”, asegura Rodríguez en su denuncia.

El bono de venta es el documento emitido por el ICA y obligatorio para la emisión de las Guías de Movilización Sanitarias, mediante el cual se registran las transacciones de ganado bovino.

Otra de los ítems de la denuncia, es sobre una presunta falsedad material en documento público relacionado el bono de venta No.3253452, emitido en el municipio de Granada por la venta de 62 semovientes  al señor Erley Montaña, pero que el ICA manifiesta, en respuesta a un derecho de petición, que ese documento no fue expedido por la oficina local Granada sino por la Organización gremial oficina SubCasanare S.A. por la venta de dos bovinos hembra y cuyo comprador aparece es el señor Gilmer Ange.

Erley Montaña aseguró a Periódico del Meta que él es un campesino que vende y compra ganado, y que sí realizó una negociación con un particular, pero que las inconsistencias de numeración de los bonos de venta son errores internos del ICA quien es la entidad que los expide.

En cuanto a ser beneficiario, asegura que es directivo de Asohatico, una de las 14 asociaciones beneficiarias. Montaña agregó que el proyecto está parado y que 13 de las asociaciones no han recibido el ganado ni los tractores que hacen parte del convenio.

En su denuncia, el congresista solicita a la Fiscalía que la línea de investigación, también se oriente a investigar el manejo de los recursos de los contratos enunciados mediante la búsqueda selectiva en base de datos de los bancos, la información exógena que tenga la DIAN, la contabilidad de los consorciados, de las personas naturales o jurídicas que las integran, del supervisor del contrato, funcionario de la Secretaría de Agricultura, a fin de establecer la trazabilidad financiera y bancaria de los ingresos y gastos hechos con cargo a la ejecución de los contratos, a fin de establecer posibles irregularidades.

Aun cuando el convenio con el Ministerio fue firmado por el entonces secretario de Agricultura del Meta, Guillermo Lagos, el contrato con el Consorcio Ganadería Meta 2022 fue firmado por Eduardo Baquero Martínez en calidad de secretario (e) de Agricultura.

Otra ‘pelea jurídica’ J. Rodríguez – Zuluaga

Esta denuncia penal que interpuso el representante a la Cámara, Jaime Rodríguez Contreras, contra el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, ante la Fiscalía General de la Nación, no es la primera ni tal vez la última batalla que se dé entre estos antiguos aliados, como consecuencia a la alta confrontación política que hay entre los dos dirigentes.

La primera de ellas fue por la compra de purificadores de agua por más de 10 mil millones de pesos entre los años 2020 – 2023. Igualmente, en el año 2024 presentó una nueva denuncia, en esta ocasión por la compra de una maquinaria en contratos de la Secretaría de Agricultura.

Pero más allá de si existen delitos o no, que solo la justicia podrá determinar después de escuchar a los involucrados, lo que se preguntan quienes siguen el acontecer político es cuáles son los verdaderos motivos de Rodríguez Contreras en denunciar estos posibles actos de corrupción, los cuales no denunciaba al momento de los hechos, cuando era aliado de Zuluaga.

Como es de conocimiento público, la cercanía de Rodríguez Contreras con Juan Guillermo Zuluaga era tan fuerte, que el Grupo político de Zuluaga trabajó la candidatura del actual parlamentario Rodríguez, para lograr renovar la credencial en la Cámara baja del Congreso de la República.

Igual sucedió con sus dos anteriores socios políticos el exgobernador Darío Vásquez y el exalcalde Wilmar Barbosa, con quienes una vez salió elegido terminó relaciones políticas. Sin embargo, cabe la pregunta si Rodríguez ha entablado denuncias por posibles actos de corrupción contra sus antiguos aliados, los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga y Darío Vásquez, por qué no ha hecho lo mismo con su antiguo ‘socio’ el exalcalde Wilmar Barbosa, quién sí fue denunciado en su momento por el entonces candidato a la alcaldía Felipe Harman.

Algunos analistas consultados por Periódico del Meta, se atreven a decir que estas disputas se dan producto de la voracidad por el poder que los lleva a incumplir los acuerdos políticos, y que son presiones para lograr que estos se cumplan.

Los observadores políticos aseguraron que “en política no existen lealtades, gratitud ni amigos; ellos (los políticos) solo se dejan llevar por la conveniencia”.

El tiempo dirá si las investigaciones llegarán hasta el final, o sucederá como con las demandas por pérdida de investidura contra los diputados Oswaldo Avellaneda, Héctor Fabio Vélez y Julio Mario Rey, en la cual el denunciante, inesperadamente, desistió de la impetración.