Más allá de los bloqueos en Puerto Gaitán

El fin del paro en Rubiales podría ser apenas el comienzo de una serie de protestas sociales en el departamento y el resto del país, en donde algunos temen que se infiltren grupos armados.  

Los bloqueos en la zona de Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, afectaron la producción de las empresas petroleras que operan allí y perjudicaron a más de 5.332 trabajadores del sector y sus familias, además de la cadena servicios que depende de la industria de hidrocarburos.

Pero si bien el miércoles de esta semana se puso fin a los ocho días de paro, esta protesta parece ser solo la punta del iceberg de un fenómeno social más profundo que ya algunas autoridades han estado revelando.

Ya el pasado 16 de enero, un grupo de campesinos del Guayabero secuestró a 30 soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y, aunque no hubo malos tratos a los militares, sentó un mal precedente de la forma en que pueden transformarse las manifestaciones de las comunidades en el Meta.

La tropa completaba tres días de haber sido secuestrados por la autodenominada Guardia Campesina que buscaba, como en Rubiales, interlocución directa con el Gobierno Nacional, a través de un pliego de peticiones.

Mientras los voceros de las protestas argumentan que estas formas de expresión en su gran mayoría son pacíficas, otros sugieren que pueden tener intereses oscuros, donde se estarían infiltrando grupos armados ilegales.

De hecho, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lo ha dado a conocer en sus declaraciones, donde le atribuye varios de estos hechos a las disidencias de las Farc.

“Yo podría mejor quedarme callado o con la comodidad de no expresarme sobre un asunto tan espinoso, pero en el sur del departamento del Meta, concretamente en el lugar donde está pasando esto, operan las disidencias de las Farc. Históricamente los campesinos han sido manipulados y presionados a hacer cosas que no quieren hacer”, dijo Zuluaga durante el secuestro de los 30 soldados.

De igual forma, esta semana, a raíz de las protestas en Puerto Gaitán, el mandatario denunció que detrás de los bloqueos hay manos e intereses oscuros, “por lo que el Gobierno Nacional no se puede dejar engañar (…) “allá dicen que no quieren al gobernador porque yo sí les canto la tabla y les digo la verdad”.

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Asimismo, reiteró que en la zona del paro extorsionan a todo el mundo, y que los grupos ilegales quieren ganarse el territorio: “a mí no me echen ese cuento tan chimbo que es por la falta de pavimentación. Me parece raro que gente de Mapiripán y de Arauca estén (sic) liderando los paros y las protestas, paro que no perjudica solo a las petroleras sino a la gente y a los trabajadores”, puntualizó el gobernador.

El fenómeno no es nuevo, a través de la Alerta Temprana 017 del 2020, la Defensoría del Pueblo ha dado un aviso sobre las amenazas y riesgos a los que ha estado expuesta la población que reside en Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, por la presencia de los grupos armados organizados que delinquen en sus jurisdicciones territoriales.

“El interés de los grupos armados organizados es lograr un mayor copamiento del territorio en la jurisdicción de estos tres municipios aprovechando las ventajas de su localización geográfica. Es así como resulta estratégico controlar el corredor de los ríos Upía y Meta, los cuales resultan favorables para el tránsito de narcóticos, entre otras actividades ilícitas”, señala el documento.

Además, dicha Alerta Temprana precisa que: “para las autoridades territoriales se trata de grupos de criminalidad organizada que, aprovechando el historial de violencia y terror paramilitar vivido en la zona, tienen la intención de servirse de dicha inercia para infundir temor en la población y que ésta acceda a sus pretensiones intimidatorias”.

Expertos en derechos humanos aseguran que las manifestaciones en Rubiales es apenas lo que se puede ver de una situación social que se va a seguir repitiendo no solo regional sino también en el resto del país. El intento de toma del Capitolio Nacional, en Bogotá, por unos profesores del Cauca, demuestra que se están corriendo los límites al derecho a las manifestaciones.   

“Las organizaciones y la sociedad se cansaron y están reclamando sus derechos mediante la protesta social. No hay que olvidar que en el Meta hay un bloqueo todos los días por cualquier problemática; esa es la forma que tienen ahora los ciudadanos de presionar al gobierno”, dice uno de los expertos consultados.

Cabe mencionar que las protestas programadas para este mes de febrero, como el paro nacional que harán los camioneros, además de las movilizaciones de quienes están en contra del gobierno de Petro, podría ser la continuación de un estallido social en los territorios. 

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