Meta, entre los departamentos con más familias que buscan a personas desaparecidas por el conflicto armado

Meta se consolida como uno de los departamentos con mayor número de familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado, según cifras reveladas durante la socialización de la investigación Impactos transgeneracionales y estrategias de afrontamiento de familias y comunidades víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

El estudio, desarrollado por la Defensoría del Pueblo, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Uniminuto, advierte que la desaparición forzada sigue dejando profundas secuelas que trascienden generaciones, afectando los proyectos de vida, las dinámicas familiares y comunitarias, además de agravar condiciones de pobreza y mantener la necesidad de un acompañamiento institucional permanente.

Cifras 

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay 136.010 personas cuyo paradero aún se desconoce por hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016.

En ese contexto, Meta ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de personas que buscan a familiares desaparecidos, con 3.926 solicitantes, solo superado por Antioquia, que registra 6.562. Detrás se ubican Cundinamarca (3.782), Santander (1.951) y Nariño (1.778), entre otros departamentos.

Aunque la investigación se desarrolló en Soacha (Cundinamarca), Pasto y Tumaco (Nariño), sus hallazgos reflejan una realidad compartida por territorios como Meta, históricamente afectados por el conflicto armado. Entre las principales conclusiones se identifican impactos psicosociales, familiares, comunitarios y socioeconómicos que permanecen incluso décadas después de la desaparición de un ser querido.

No obstante, el estudio también evidenció estrategias de resistencia impulsadas por las propias comunidades, como el fortalecimiento de redes de apoyo, la consolidación de liderazgos comunitarios y la reconstrucción de vínculos colectivos entre las víctimas.

Durante la presentación de los resultados, las familias participantes insistieron en la necesidad de que las instituciones fortalezcan las medidas de atención integral, reparación y acompañamiento psicosocial, teniendo en cuenta que los efectos de la desaparición forzada también recaen sobre las nuevas generaciones.

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Como parte del proceso, el próximo 20 de agosto se presentarán recomendaciones de política pública dirigidas a las entidades responsables de la atención a víctimas, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a las familias y comunidades afectadas por este crimen.