Miraflores, la noche en que los cilindros bomba estallaron por primera vez en el conflicto de Colombia

El 3 de agosto de 1998, a las 7:30 de la noche, el municipio de Miraflores, en las selvas del Guaviare, sufrió uno de los ataques más sangrientos del conflicto armado colombiano.

Cerca de 1.000 combatientes del Bloque Oriental de las Farc irrumpieron en la base antinarcóticos con un despliegue de armamento pesado y superioridad numérica abrumadora sobre el Ejército y la Policía.

Durante 26 horas continuas de combate no solo quedó en la historia consignado uno de los ataques más prolongadas de la guerrilla, sino que sentó el precedente de emplear por primera vez de forma indiscriminada cilindros y pipetas bomba.

La potencia destructiva de estos morteros artesanales destrozó la base militar, viviendas, comercios e infraestructura pública, provocando mutilaciones, la muerte de decenas de personas y dejando cadáveres irreconocibles entre las ruinas.

Cifras de una tragedia devastadora

La Unidad de Víctimas reportó en un informe conmemorativo de esta toma que en total fueron ejecutadas o muertas en combate 35 personas.

Los relatos de sobrevivientes señalaron posteriormente que uniformados heridos recibieron tiros de gracia y que la población civil quedó sumergida en la zozobra absoluta.

Además, 129 miembros de la Fuerza Pública fueron secuestrados y constituyó el secuestro masivo más grande tras una incursión armada en Colombia. De ellos, cerca del 90 % de los afectados eran jóvenes de entre 18 y 20 años que prestaban su servicio militar obligatorio.

Los registros de la Unidad para las Víctimas documentan que solo por los hechos del 3 y 4 de agosto de 1998 se incluyeron 286 víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), asociadas a 425 eventos victimizantes, encabezados por secuestros (163), desplazamientos forzados (63), torturas (53), actos terroristas (43), lesiones psicológicas (43) y homicidios (25).

Las secuelas en el territorio

Para los 129 uniformados secuestrados, la toma de Miraflores marcó el inicio de un calvario en las selvas amazónicas que se extendió, en promedio, durante tres años.

Aunque la mayoría logró su libertad en junio de 2001, otros debieron esperar hasta las operaciones ‘Jaque’ (2008) y ‘Camaleón’ (2010), completando hasta 12 años de cautiverio.

La toma permitió que el Bloque Oriental ejerciera control en el sur del Meta y posteriormente una disputa territorial con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), lo que generó desplazamientos y estigmatización entre los habitantes de Miraflores y San José del Guaviare.

Según el RUV, entre 1984 y 2026, más de 16.100 personas han sido declaradas víctimas en este municipio. 

En 2016, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa reparar a un grupo de militares secuestrados.

En 2017, la Unidad para las Víctimas notificó al municipio de Miraflores como Sujeto de Reparación Colectiva.

En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a 20 militares y sus familias dentro del Macrocaso 001.

En 2025, la JEP dejó en firme las primeras sentencias contra siete integrantes del último secretariado de las Farc por la política sistemática de secuestro.

En 2026, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió condena definitiva contra exintegrantes del Bloque Oriental por delitos de Lesa Humanidad cometidos en las tomas de Miraflores y Mitú.

Las tomas e incursiones guerrilleras contra las cabeceras municipales de Colombia, que, de acuerdo con analistas e historiadores, alcanzaron su punto más crítico a finales de la década de 1990, no representaron únicamente episodios de confrontación militar.

“Fueron, ante todo, un choque brutal contra la estructura social, económica y emocional de las comunidades más alejadas del centro del país.  En regiones como la Orinoquia y la Amazonia, caracterizadas históricamente por una débil presencia institucional y por dificultades de interconexión terrestre, la toma de los cascos urbanos significó la fractura absoluta del tejido social”, relata el informe de Datos para la paz, el sitio web de la Unidad de Víctimas que registra cifras del conflicto.

Las estaciones de Policía destruidas y los pueblos arrasados por los cilindros implantaron el miedo como norma de convivencia y profundizaron el estigma sobre comunidades enteras, catalogadas erróneamente por los actores armados según el dominio territorial de turno.

“El impacto de las tomas en el oriente colombiano puso de manifiesto cómo la población civil pagó el costo más elevado de la disputa por el control territorial y los corredores del narcotráfico”, afirma.

Hoy, la conmemoración de hechos como la toma de Miraflores recalca que la reparación integral no consiste únicamente en la entrega de indemnizaciones económicas o en el juzgamiento de los responsables en estrados judiciales.

Del informe se concluye que la verdadera reparación para la Orinoquia exige saldar las deudas históricas del Estado, garantizar infraestructura, salud mental para sanar las secuelas del conflicto, fortalecimiento democrático local y verdaderas garantías de no repetición para que los cascos urbanos de la Colombia profunda nunca más vuelvan a quedar en la absoluta desprotección en medio del fuego.