Municipios, ejemplo de control social en zonas de posconflicto

Entre el 11 de junio y 6 de noviembre de 2013, en la mesa de negociaciones de los acuerdos de paz, se discutió el punto 2: Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz. Las dos partes: Gobierno Nacional y las Farc, emitieron seis actas y nueve comunicados conjuntos en los cuales evidenciaron los diferentes aspectos de este tema de negociación.

En un Acuerdo Final como el que se desarrolló en Colombia, la participación ciudadana debe garantizar los mecanismos adecuados para hacerlos en la implementación del Acuerdo y, por otra parte, promover los mecanismos de participación ciudadana constitucionales.

En Colombia, la Ley 850 de 2003, reglamenta a las veedurías ciudadanas y las define como el mecanismo democrático de representación que les permite a los ciudadanos, ejercer control y vigilancia en la gestión pública a través de la inversión de los recursos públicos. Legalmente, todo proyecto o contrato donde se inviertan recursos públicos, puede ser objeto de veeduría, para beneficio común.

María Piedad Matus, coordinadora en el Meta del Programa de Gobernabilidad Regional de USAID, afirma que elevar el grado de importancia que tienen los grupos representativos de la Sociedad Civil, es eje fundamental para el desarrollo de cualquier territorio.

La legitimidad y la confianza, acompañados de buenas prácticas en la gestión pública, son fundamentales para que las comunidades, principalmente de las zonas afectadas por el conflicto armado, vuelvan a creer en el gobierno y dejen de lado las secuelas que dejó la ilegalidad.

Actualmente en el Meta, con acompañamiento del Programa de Gobernabilidad Regional de USAID, los municipios de Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Rico y Mesetas, vienen adelantando procesos de construcción social, a través de buenas prácticas en la gestión pública, en temas como rendición de cuentas, participación ciudadana y control social, para el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, lo cual permite crear cercanías entre la ciudadanía y los gobiernos locales.

Robinson Riaño, líder y veedor del Programa de Alimentación Escolar del municipio de Uribe, que beneficia a más de 300 estudiantes del área urbana, reconoce la importancia de hacerse participe en los temas de su municipio y recuerda que anteriormente en esta zona, se desconocía de los temas de participación y nadie entendía de las actividades relacionadas con la gestión pública.

Para él, las veedurías ciudadanas que promueve este programa de cooperación, además de guiarles paso a paso, como ejercer un verdadero control ciudadano, con el uso de herramientas básicas como buscar los contratos en las página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), realizar visitas oculares a las obras en curso y generando diálogos propositivos con los mismos contratistas de los proyectos o prestadores de los servicios.

“Ha sido una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, pero además, despertar arraigo por su municipio”, dijo Riaño.

Actualmente con el apoyo de este Programa de USAID, que opera en cinco municipios del Meta, aparecen legalmente registradas y vigentes en las personerías municipales, 26 veedurías ciudadanas, conformadas por grupos de tres a siete personas, en su mayoría líderes, quienes vigilan la buena aplicación de los recursos que llegan a estos territorios.

Las obras que vigilan están reacionadas con prestación de servicios de salud, educación, como también, obras de infraestructura, como canchas sintéticas, mejoramiento y pavimentación de vías urbanas y rurales, entre otros.

De esta manera, los programas de cooperación, también le apuestan a la recuperación de la confianza y mejoramiento de calidad de vida, en zonas que por años a causa de la presencia subversiva, se desconocía del control ciudadano.

“Antes eso no se podía hacer porque no había inversión para es­tas zonas, ahora sí la hay. Por eso vigilamos el presupuesto de nuestro municipio, porque en la medida en que se cuidan los recursos públicos, se invierten mejor y se suplen las principales necesidades, especial­mente los servicios públicos como la salud”, dijo Jazmín Arias, integrante de la veeduría en Uribe.