‘No somos subalternos del presidente’, Rafaela Cortés, tras choque con Petro por el impuesto predial

En medio de las protestas registradas en el departamento de Santander por el incremento en los avalúos catastrales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la responsabilidad sobre las tarifas del impuesto predial recae en las autoridades municipales y no en el Gobierno nacional.

A través de la red social X, el mandatario reiteró que “el aumento de los avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”, y sostuvo que la política del Ejecutivo busca una mayor carga tributaria para los sectores con mayores ingresos: “el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos”.

En su pronunciamiento, Petro fue enfático en señalar que la tarifa del impuesto predial es definida por los concejos municipales. “La situación del impuesto lo determinan los alcaldes y concejos municipales, ellos ponen la tasa”, afirmó. Además, indicó que las administraciones locales tienen la capacidad de aliviar la carga para los sectores vulnerables: “lo único que tienen que hacer es […] bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora”.

El jefe de Estado también hizo un llamado directo a levantar las protestas y advirtió posibles consecuencias para mandatarios locales. “Hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas”, señaló, al tiempo que añadió: “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”.

Lea: La vía a la Orinoquia, puerta de una nueva economía para Colombia – Análisis 

En relación con las manifestaciones, el presidente cuestionó su origen y pidió a ciertos sectores políticos retirarse. “Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse, sino actuaré como ordena la ley”, expresó. Asimismo, insistió en que existe desinformación en zonas rurales: “los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a gravar”.

Petro también vinculó la discusión fiscal con el contexto internacional y la seguridad alimentaria. “El gobierno nacional no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares […] la prioridad […] es la comida en Colombia”, manifestó.

Respuesta desde el Meta

Las declaraciones del presidente generaron reacciones desde los gobiernos territoriales. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el tono del pronunciamiento y defendió la autonomía regional.

“Alcaldes y gobernadores, no somos subalternos del presidente”, afirmó Cortés, quien también preside la Federación Nacional de Departamentos. En su respuesta, calificó como preocupantes las advertencias del mandatario: “amenazar desde la Casa de Nariño a un alcalde con destituirlo […] no es un tema menor”.

La dirigente regional expresó su respaldo a las autoridades de Santander y pidió abrir espacios institucionales de concertación. “Le expreso toda mi solidaridad a los alcaldes y al gobernador de Santander ante este incomprensible pronunciamiento”, indicó.

Cortés insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo: “Colombia necesita respeto por sus territorios. Necesita diálogo real. No imposiciones desde el nivel central”. Además, reiteró la invitación al presidente para discutir el tema directamente con las autoridades locales: “lo invito […] al diálogo y a actuar en observancia de la ley”.

Debate abierto

El cruce de declaraciones evidencia un nuevo choque entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales en torno a la gestión fiscal y la autonomía regional. Mientras el Ejecutivo insiste en que los municipios tienen herramientas para ajustar el impuesto predial y proteger a los sectores más vulnerables, desde las regiones se reclama respeto institucional y concertación frente a decisiones que impactan directamente a la ciudadanía.

Se espera que el tema continúe en discusión en los próximos días, en medio de llamados a levantar bloqueos, revisar tarifas y establecer acuerdos municipales que permitan equilibrar la carga tributaria sin afectar a la población más vulnerable.