Otro “cese al fuego” | Editorial

Como la vigencia de los acontecimientos en Colombia dura unas pocas horas, es pertinente tener siempre los contextos de las noticias: la masacre en Putumayo de cuatro niños, ocurrida el pasado 17 de mayo y denunciada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), fue el detonante para que el Gobierno
Nacional tomara la decisión de suspender parcialmente el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

Casi que al mismo tiempo, este grupo de disidencias afirmó descaradamente que “el rompimiento unilateral desataría la guerra y se multiplicarían los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.

Aunque parecía que Gobierno y EMC se habían parado de la mesa, el anuncio de reanudar los diálogos para pactar un nuevo cese al fuego, indica que los acercamientos continuaron y que estas semanas no hubo operaciones militares en contra de ‘Iván Mordisco’ y su banda delincuencial.

La carta conjunta firmada por el vocero de las disidencias, Andrey Avendaño, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quiere decir que el tema de la masacre de los indígenas se superó, y muestra también que las partes siguieron trabajando para “mejorar la condiciones” de otro eventual cese de hostilidades.

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Las preguntas que surgen ahora son: ¿qué hacer con la población civil? ¿cómo lograr que las comunidades sientan realmente que hay un cese al fuego bilateral? La finalización de las extorsiones, los asesinatos, y los secuestros será clave para que cualquier proceso de paz tenga credibilidad entre la sociedad.

La verificación internacional es importante pero no suficiente para evitar los abusos que hay contra la gente, por eso no sonó descabellada la solicitud del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, apoyada por otros mandatarios territoriales, para que estos tengan asiento en la mesa de diálogo. Andrey Avendaño lo vio viable.

Sin embargo, no está del todo claro qué papel jugarían como generadores de confianza entre las partes. Varios analistas consultados por Periódico del Meta dijeron que fue “un error inicial” de la fase preliminar no dejar un asiento para las comunidades y los mandatarios pues estos han venido denunciando los abusos de esos supuestos ceses bilaterales.

Que haya una comisión de alcaldes y gobernadores o que se defina un mecanismo alternativo de participación de las comunidades, será importante para que haya credibilidad y que las víctimas sean oídas.

En esto no debe haber ambigüedades porque a partir de la claridad en las reglas de juego se define el compromiso de las partes.

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