Pareja de adultos mayores, desplazada por los paramilitares, recupera sus tierras en el Meta

Tras comprobarse la violencia y las intimidaciones de las que fueron víctimas una  Pareja de adultos mayores durante los años 90, por parte de grupos paramilitares,  fue  ordenada la devolución de un predio en la vereda Remolino, en el municipio de Puerto López.

Veinte años después de haber pisado por última vez su parcela, El Progreso, Elkin y Astrid, un matrimonio de dos campesinos adultos mayores, oriundos del Meta, fueron reconocidos por la justicia como los legítimos propietarios del terreno de 20 hectáreas, que abandonaron a causa del conflicto y el cual les será devuelto de inmediato. Los beneficiarios se animaron a presentar la solicitud de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que hizo posible que hoy vean sus anhelos hechos realidad.

 Las extorsiones y amenazas, así como la continua presencia de grupos paramilitares y, en general, el clima de violencia desatado desde mediados de los años 90 en Puerto López, particularmente en la vereda Remolino, zona en que se ubica el predio en cuestión, fueron los principales elementos tenidos en cuenta por la justicia para que se reconociera el derecho a la restitución de esta pareja, cuyas edades hoy alcanzan los 70 años.

 El reconocimiento expreso como víctimas y beneficiarios de restitución para el par de adultos mayores, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, señala que Elkin “fue víctima de reiteradas extorsiones por parte de los grupos armados ilegales, para poder ejercer la explotación del predio El Progreso. Ante su negativa al pago de las extorsiones exigidas, militantes de grupos paramilitares le amenazaron, prohibiéndole su retorno a la finca, viéndose obligado a desatender el inmueble”.

 Así pues, el proceso surtido para la restitución tuvo en cuenta el impedimento generado por la violencia para el debido uso y la explotación del predio por parte de los propietarios, quienes entonces encontraron inviable el pago de las vacunas exigidas por los grupos. Además, numerosos hechos de violencia afectaron la propiedad, entre ellos el abandono del cuerpo de una persona asesinada en el predio. Estos hechos llevaron a la pareja a decidir abandonar sus tierras por el riesgo que corrían sus vidas.

 “Lo que sucede es que dejé de ir a la finquita por los problemas. Por ejemplo, cuando iba a la vía, se presentaban retenes de gente armada que le decía a uno que necesitaban una colaboración. Luego preguntaban qué tiene, qué hace y de acuerdo a eso le fijaban una cuota mensual y así le iban quitando plata. Uno aguanta dos o tres veces, pero cuando llega el momento más crítico, con amenazas; o lleva la plata o se expone a que le pase algo. A mí me llamaban a la casa para pedirme la cuota. Y uno oía que mataron a fulano o secuestraron a sultano”, declaró Elkin en una de las indagatorias del proceso.   

Precisamente el abandono forzado de tierra está contemplado en la Ley 1448 de 2011 como la “situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento”.

Asimismo, la presente sentencia respondió al principio de enfoque diferencial, ya que la edad de los solicitantes fue un condicionante para determinarlos como sujetos de especial protección. Esto conlleva a que la atención ordenada en el fallo que los beneficia vaya en sentido a su grado de vulnerabilidad y disponga para ellos una reparación integral acorde a sus necesidades. Con este fallo, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, llega a 150 sentencias proferidas por la justicia en esta parte del país, devolviendo a manos de sus legítimos dueños 50.000 hectáreas de tierra, en beneficio de cerca de 800 víctimas.