Por nuestros niños, unidos con Fecode

Por David Mora Economista Escuela Colombiana de Ingeniería. Docente Unillanos

Muy rabiosos, echando espuma, se ha visto a la cúpula mayor del Gobierno Duque y sus tradicionales escuderos del congreso, tras el anuncio de Fecode de entrar a paro por 24 horas. Alegan sin más razón, que “los paros de Fecode atentan contra el derecho a la educación de los niños” y se descerebran, planteando la ingeniosa idea de que “los paros se deben hacer en vacaciones”; pues bien, lo primero no es cierto y lo segundo es una bobería.

Nada más falso que indicar que los paros de los docentes es contra la educación de los niños, pues justamente la consigna máxima histórica ha sido la “defensa de la educación pública” que está en la ruina como resultado de los actos legislativos 01 de 2001 de Andrés Pastrana, 04 de 2007 de Álvaro Uribe y la entrada en vigencia del artículo 4  que modificó el artículo 357 de la Constitución Política en el acto legislativo de 2007 con la venia del gobierno Santos en 2017; todos orientados a desfinanciar la educación pública vía recorte al Sistema General de Participaciones (SGP) lo que a la fecha le ha quitado a las transferencias, al menos, $170 billones de los cuales $83 billones debían ingresar para la educación y que claramente, el gobierno Duque insiste en profundizar la desfinanciación en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) al negar una reforma urgente al SGP, para dotar así a la educación de los recursos necesarios esenciales que permitan tener una educación de alta calidad donde se garantice el bienestar de los niños en la aulas de clases y laboratorios, hoy en vía de extinción.

Colombia es el país que menos invierte por estudiante en América Latina, de acuerdo a los datos de la OCDE en el país sólo se invierte $3.245 dólares por estudiante al año, mientras los países industrializados invierten más de $10.000 dólares por estudiante.

En Gasto Publico en educación como porcentaje del PIB presentados por el Banco Mundial, también nos rajamos, mientras los gobiernos tradicionales solo han destinado el 4,4% de nuestro PIB a educación, países como Finlandia (7,1%), Dinamarca (7,6%), Corea del Sur (5,3%) o la Zona Euro (5,06%) destinan mucho más, incluso estamos por debajo de la media de los países de América Latina y el Caribe (4,52%), teniendo países como Bolivia (7,6%), Brasil (6,2%), Argentina (5.5%) o Chile (5,3%) que le dan mayor importancia a la educación.

El panorama es igual de negativo cuando se compara el Gasto por Alumno como participación del PIB per cápita en todos los niveles (primario, secundario y técnica).

Esta desidia hacia la educación nacional se refleja en las condiciones materiales de las instituciones, donde “la inmensa mayoría de las 44.033 sedes educativas urbanas y rurales está en mal estado, en zonas de alto riesgo y no cumple las medidas de sismo resistencia” denuncia Tribunal Magisterial, esto debido a que la infraestructura tiene “entre 40 y 60 años de antigüedad” como indicó el documento Conpes 3831 de 2015.

Los laboratorios están en vía de extinción y donde aun existen, no cuentan con los elementos esenciales para cumplir la labor práctica de la experimentación. El transporte escolar desapareció y si lo hay, lo sostienen los entes territoriales con aportes adicionales de los hogares. Se insiste en una jornada única desfinanciada por cumplir las “orientaciones” impuestas de la OCDE el “club de los países ricos” que somete a los países pobres, pero ni siquiera se garantiza el Plan de Alimentación Escolar (PAE) con calidad y universalidad.

Se sufre el hacinamiento carcelario, aspecto que puede empeorar si el gobierno Duque mantiene la idea de despedir miles de maestros siguiendo la idea absurda del BID, de que “en Colombia no faltan recursos, sino que sobran maestros”; como intentó con su apoyo al proyecto santista 057, que debió retirar tras la presión del magisterio.

Además de las difíciles condiciones laborales que afrontan los docentes como la inestabilidad laboral, tercerización, provisionalidad, las trabas para ascender y tener la desdicha de ser los servidores públicos peor pagos del país.

Entonces, ¿Quiénes atentan contra el derecho a la educación de nuestros niños? Sin lugar a dudas, han sido los gobiernos nacionales anteriores y actual. Así las cosas, para proteger la educación de nuestros niños y pensarnos un país distinto, es urgente que la población en general, junto a estudiantes, docentes, sindicatos, gobernaciones y alcaldías, estemos unidos con Fecode y exijamos la correcta financiación de la educación pública nacional.