Procuraduría investiga contrato de filtros de agua en Puerto López por presuntas irregularidades
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra dos exfuncionarios de la Alcaldía de Puerto López (Meta) por presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de sistemas de purificación de agua destinados a instituciones educativas del municipio.
La investigación disciplinaria involucra al entonces jefe de Contratación, Rodrigo Andrés Torrez Guzmán, y a la exsecretaria de Desarrollo Social y Competitividad, Indira Neibrith Guzmán Medina, quienes habrían incumplido normas en la estructuración y ejecución de un contrato por $5.084 millones que buscaba mejorar las condiciones de salubridad en los colegios.
Según el ente de control, Guzmán Medina habría desatendido obligaciones legales al definir las condiciones para adelantar una contratación directa, lo que pudo generar un detrimento patrimonial y afectar los intereses del municipio. Además, la Procuraduría le reprocha presuntamente no haber informado al ordenador del gasto sobre la ineficacia de los filtros adquiridos.
De acuerdo con informes de laboratorio realizados en agosto de 2023 por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Meta, el agua tratada con los sistemas instalados no era apta para el consumo humano, lo que obligó a restringir el uso de los equipos.
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En el caso de Torrez Guzmán, el organismo disciplinario investiga si incumplió su deber de asesorar y revisar los documentos técnicos y jurídicos durante las etapas de planeación y precontractual del proceso, lo que habría permitido la celebración del contrato mediante contratación directa, en posible detrimento del principio de selección objetiva.
Para la Procuraduría, las actuaciones de los exfuncionarios pudieron afectar los recursos públicos y la función administrativa, dado que los filtros adquiridos no cumplieron con su propósito y su uso tuvo que ser limitado.
De manera provisional, el ente de control calificó las presuntas faltas como gravísimas a título de culpa gravísima, por la posible desatención de normas de obligatorio cumplimiento en la contratación pública.
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