Procuraduría investigará a Juan Guillermo Zuluaga y 13 concejales del periodo 2012 – 2015

La procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el exalcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, y 13 concejales, por presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto que reformó la contratación laboral del personal en el Concejo. Segun se conoció, desde el 12 de diciembre de 2013, el concejal Ariel Rey instauró la queja formal ante el Ministerio Público.

El concejal, José Antonio Pérez Casiano, fue quien presentó, en octubre de 2013, el Proyecto de Acuerdo 039. La iniciativa tenía como objetivo reestructurar la planta laboral en el Concejo de Villavicencio. Dicha modificación dejó a 19 personas por fuera de la corporación, eso equivale al 33% del personal.

En el momento en que el concejal Rey prendió las alarmas frente a este caso, lo hizo por más de seis aspectos, que, para él, parecían irregulares, entre ellos, el tiempo para aprobar el proyecto; la falta de idoneidad en los ajustes al proyecto; que el estudio no obedeció a la guía metodológica, ni a la ESAP. Ante esto, Rey asegura que, “el concejal ponente no se apoyó, ni en la guía metodológica del Acto Administrativo de la Función Pública, ni se asesoró por la ESAP.”. El denuncio se instauró ante la Procuraduría Primera Delegada para la Administración Pública, el 12 de diciembre de 2013, luego, el organismo de control inició la investigación.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por Comisión, luego pasó a segundo debate en Plenaria del Concejo, allí fue avalada, a pesar de la fuerte oposición de más de cuatro concejales, incluido Rey; acto seguido a la aprobación, el proyecto se envió para sanción de la Alcaldía, sin embargo, el exalcalde la devolvió, el 29 de octubre, apelando a la falta de motivación, tal como establece en el artículo 96, de la ley 227, de 2005; entonces, presentó ‘Objeción de Inconveniencia’ a través de carta remisora, en la que manifiesta al Concejo declarar las objeciones presentadas por él, como fundadas.

La corporación debatió el tema el 30 de octubre de 2013, se creó una comisión, que el 31 entregó el informe sobre las objeciones, dicho informe fue sometido a votación y el concejo declaró las objeciones fundadas, tal como lo solicitó Zuluaga.

A partir de ese momento empiezan las presuntas irregularidades, pues según el artículo 78 –actualmente es el art 123- del Reglamento interno del Concejo de Villavicencio, frente a las objeciones de inconveniencia, el conducto regular debió haber sido archivar el proyecto, y en el siguiente periodo, corregirlo y volverlo a presentar, sin embargo, esto no se hizo así, y a los pocos días el proyecto se envió de nuevo y fue sancionado por Juan Guillermo Zuluaga.
Lo anterior, es el principal elemento del pliego de cargos que la Procuraduría abrió en contra de los investigados. El ente acusador respalda su investigación al determinar que, el Concejo de Villavicencio debió aceptar las objeciones y archivar el proyecto y en un nuevo periodo corregirlo para volverlo a presentar, por el contrario, este no fue modificado y se envió al entonces alcalde, quien terminó sancionando el proyecto.

Por su parte, el concejal denunciante, Ariel Rey, se cuestiona la falta de celeridad, por parte del Ministerio Publico, para formular pliego de cargos a una queja que se radicó hace cinco años. Según él, los organismos de control trabajan bajo una actitud paquidérmica “Sí después de 5 años para generar pliego de cargos, ¿imagínese cuándo será el fallo de primera o de segunda instancia?”. Ahora es más complejo el asunto, pues la mayoría de los concejales ya no pertenecen a esa corporación, muchos están, incluso, en la Asamblea Departamental, por lo que, la lentitud del desarrollo de la función pública se deteriora.