Puerto Gaitán: Una tierra en restitución y un pueblo que la habita

Una sentencia de restitución de tierras emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá generó angustia entre los habitantes del centro poblado La Cristalina, en zona rural de Puerto Gaitán, Meta, donde cientos de familias temen posibles desalojos sobre predios que hoy ocupan viviendas, comercios y espacios comunitarios.

Por Melissa Céspedes

El fallo, firmado el 24 de junio de 2025, resolvió la solicitud presentada por María Viela Perdomo, quien había explotado el terreno desde 1975 y fue reconocida como propietaria en 1996.

Sin embargo, tras el desplazamiento forzado que sufrió en 1998, en medio de enfrentamientos entre las Farc y las Autodefensas, el predio fue ocupado progresivamente por terceros, dando origen al centro poblado donde actualmente residen aproximadamente 4.500 personas, muchas de ellas en condición de vulnerabilidad, entre víctimas del conflicto, adultos mayores y población infantil, según la alcaldía.

Y es que, la posible ejecución de desalojos causó preocupación en la población, entre ellos, los comerciantes del sector. Juan Curaca, quien lleva más de 14 años allí, aseguró que gran parte de los negocios son esfuerzos familiares y advirtió el impacto que tendría una eventual salida.

“Aquí están los frutos de toda una vida de trabajo, y en caso de un desalojo sería algo catastrófico porque muchos no tendríamos para dónde ir”, expresó. Además, indicó que en la zona operan entre 180 y 200 establecimientos que dinamizan la economía local, con actividades como hotelería, transporte y comercio.

Le puede interesar: Unidad de Restitución de Tierras abre nuevo capítulo con el caso de La Camelia en Villavicencio

Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se generó un espacio de diálogo con cerca de 500 familias del centro poblado La Cristalina, con el fin de explicar los alcances de la sentencia de restitución que involucra varios predios de la zona. Durante la jornada, la entidad atendió inquietudes de la comunidad y señaló que avanza en la evaluación de alternativas para atender la situación actual del territorio, teniendo en cuenta la consolidación del asentamiento y las condiciones de las familias que hoy lo habitan.

“Se recomienda realizar y radicar ante el Tribunal una solicitud de modulación de la sentencia, poniendo de presente la situación actual de estas familias”, indicó la ANT, al reiterar que esta medida permitiría ajustar la decisión judicial a la realidad del territorio y avanzar en soluciones que garanticen los derechos tanto de la reclamante como de los ocupantes actuales.

En el ámbito educativo, aunque la Institución Educativa Horizontes no está incluida en el proceso, el rector Milton Alberto Guzmán Ortiz explicó que atienden cerca de 840 alumnos que viven allí,  y advirtió que la incertidumbre ya afecta la asistencia y el bienestar emocional. “Los chicos expresan mucha angustia, piensan que pueden perder sus casas o tener que irse a estudiar a otro lugar”, señaló, al tiempo que alertó que un eventual desplazamiento de familias podría impactar la continuidad educativa y la estabilidad institucional.

Leidy Viviana Hoyos, líder del sector, explicó que la situación genera una sensación de inestabilidad, especialmente entre madres cabeza de hogar que han construido su proyecto de vida en el lugar.  “Es algo incierto, porque hoy tenemos techo, hoy tenemos casa y mañana no sabemos qué puede pasar”, afirmó Hoyos, al señalar que el temor también impacta a los niños y a las familias que no saben si deberán abandonar el territorio.

Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) señaló que las decisiones judiciales en estos procesos son definitivas y deben ser cumplidas por las entidades del Estado. “La sentencia tiene alcance de cosa juzgada, lo que significa que es vinculante y definitiva por lo que las entidades requeridas deben cumplir las órdenes judiciales”, indicó, y aclaró que es el juez quien dirige las diligencias, mientras la entidad actúa como ejecutora.

Asimismo, explicó que existen medidas para proteger a terceros de buena fe, como acceso a tierras, subsidios o formalización. En el caso de La Cristalina, el fallo establece decisiones diferenciadas, entre ellas, permite que uno de los residentes continúe habitando la vivienda que ocupa mientras se realiza el avalúo y se define el pago de la construcción realizada.

Igualmente, el tribunal ordenó la restitución material de algunas fracciones del predio e indicó que ciertos opositores “no acreditaron la buena fe exenta de culpa y son responsables del despojo de la solicitante”, por lo que no tendrán derecho a compensaciones.

Desde la Alcaldía de Puerto Gaitán afirmaron que la administración ha actuado con respeto a la decisión judicial y dentro de los límites de sus competencias institucionales.

Lea: Gobierno inicia estudios del corredor férreo Villavicencio – Puerto Gaitán con inversión de $60.000 millones

Según informó el gobierno local, tras conocerse el fallo se conformó una mesa técnica tripartita integrada por la Gobernación del Meta, el municipio y la empresa Hocol S.A., con el objetivo de analizar alternativas que permitan cumplir la sentencia sin desconocer la realidad social del territorio.  Asimismo, negó estar realizando desalojos y aclaró que las actuaciones responden a decisiones judiciales dentro del proceso.

Entre las alternativas se contempla solicitar al tribunal una modulación de la sentencia para evaluar una compensación al reclamante y avanzar en la formalización de los predios, teniendo en cuenta la infraestructura pública construida en el sector, incluyendo vías, redes de servicios y equipamientos comunitarios.

Finalmente, Periódico del Meta intentó comunicarse con la señora María Viela Perdomo, beneficiaria de la sentencia de restitución, para conocer su posición de la situación; pero no fue posible establecer contacto.

La situación del predio La Cristalina evidencia los desafíos de los procesos de restitución de tierras en territorios donde, tras el conflicto armado, se consolidaron comunidades que hoy reclaman estabilidad junto al derecho de las víctimas.