Reconoció haber matado a 39 personas e intentar asesinar a otras 7

La Fiscalía General informó que gracias a las pruebas recaudadas un juez penal del circuito especializado de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) pudo condenar a 30 años de prisión a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, quien reconoció su responsabilidad en 39 asesinatos y 7 tentativas de homicidio.

El criminal deberá pagar una multa de 12.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir más de 12.500 millones de pesos.

Marín, actualmente recluido en la penitenciaria de Picaleña (Ibagué), fue imputado y condenado por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo agravado, extorsión, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado incurrió en diferentes crímenes, al
menos desde 2011, y en distintos sectores de los municipios de Tuluá y Popayán (Cauca); lo mismo que en Armenia y La Tebaida (Quindío) hasta donde se expandió su accionar delictivo.

En la investigación se estableció que Marín, como cabecilla de la estructura criminal La
Inmaculada, sembró el terror en las referidas zonas como una estrategia para mantener el control territorial y eliminar posibles opositores dentro y fuera de la organización. En cuanto a las millonarias extorsiones se determinó que eran hechas para financiar el grupo delincuencial.

Según las indagaciones adelantadas por una fiscal especializada de la Seccional Valle del Cauca, entre las múltiples víctimas de Marín Silva se tienen evidencias de su responsabilidad en la muerte del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Edinson Montenegro Cardona, ocurrido el 12 de abril de 2017; asesinato que habría sido ordenado desde el interior de la penitenciaria de Cómbita en Boyacá, en donde estaba recluido alias Pipe.

Otro de los macabros hechos que permitieron la sentencia contra el procesado fue el
descuartizamiento de, al menos, una de sus víctimas a quien arrojó al río Tuluá.

Con esta condena la Fiscalía logró afectar al cabecilla de la estructura quien deberá responder por los delitos por él cometidos, lo mismo que por los que realizó la organización ilegal.