Reforma Joven, ¿y ahora qué? | Opinión

La reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil finalmente se hundió en su cuarto debate en el Senado por falta de quórum. El mensaje político es preocupante: una iniciativa que buscaba actualizar el marco normativo para la participación de casi 13 millones de jóvenes en Colombia ni siquiera alcanzó a ser discutida. Esto evidencia que no tuvo la prioridad suficiente por parte de la presidencia y del Congreso.

Este problema debe ser atendido con seriedad durante el próximo cuatrienio, pues las dificultades del sector siguen vigentes. Quienes integramos el subsistema de participación juvenil conocemos las limitaciones de las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018. Entre ellas están la ausencia de políticas públicas de juventud en buena parte del país, los rezagos en las Casas de Juventud y la falta de garantías para que los CMLJ incidan efectivamente en las decisiones públicas.

La reforma que quedó en el camino contenía avances importantes. Reconocía los liderazgos juveniles como sujetos de especial protección; fortalecía el derecho de los consejeros y consejeras a acceder oportunamente a la información pública para ejercer control social, ampliaba los enfoques diferenciales y planteaba incentivos para facilitar la participación juvenil. Estas reivindicaciones han sido impulsadas por organizaciones y liderazgos juveniles en distintas zonas del país.

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Sin embargo, el proyecto también dejó interrogantes. El principal, era estructural: trasladaba gran parte de las responsabilidades a municipios y departamentos sin resolver la desigualdad en sus capacidades fiscales e institucionales. En la práctica, las garantías para la juventud seguirían dependiendo del lugar en el que se nace. Mientras algunos territorios podrían implementar buena parte de la reforma, otros apenas tendrían cómo sostener el funcionamiento básico del subsistema.

A ello se sumaba una ausencia importante: la reforma ampliaba derechos, funciones y obligaciones, pero no construía un mecanismo sólido de financiación. Seguíamos hablando mucho del qué, pero muy poco del cómo. Sin recursos asegurados desde la Nación ni una articulación efectiva con los entes territoriales, el riesgo de que esos avances no se materializaran y quedaran en el papel era bastante alto.

El hundimiento de la reforma no puede entenderse como el cierre de una discusión. Al contrario, debería ser el punto de partida para construir una propuesta más robusta, que no solo amplíe derechos y enfoques, sino que garantice las condiciones materiales para hacerlos realidad. En ese contexto, nuestra capacidad de organización y movilización, siempre de forma democrática, pacífica y creativa, resulta una herramienta indispensable para avanzar en las exigencias del sector.

La juventud tendrá que seguir construyendo consensos entre organizaciones sociales, procesos comunitarios, colectivos culturales, plataformas, consejos de juventud, sectores estudiantiles y fuerzas políticas diversas. Si algo demuestra este episodio es que, cuando la juventud no logra convertirse en una fuerza social suficientemente articulada, sus agendas terminan relegadas a un segundo plano.