Reforma laboral, entre el impulso social y el temor económico

La reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en un punto crítico, pendiendo de un hilo en el Senado de la República, pero que intenta sobrevivir a través de un impulso social de marchas apoyadas por el mandatario nacional, pero con el temor económico de los analistas y empresarios.

La ponencia de archivo presentada por ocho senadores de la Comisión Séptima encendió las alarmas, dejando en vilo el futuro de una iniciativa que busca transformar el panorama laboral colombiano, pero con muchas advertencias de consecuencias en la salud de las empresas. 

Este martes 18 de marzo podría definirse si la reforma continúa su trámite o si se archiva definitivamente. En este contexto de incertidumbre, el presidente Petro ha planteado la posibilidad de recurrir a una consulta popular, una medida que refleja la polarización pero también la trascendencia del debate.

Un análisis de El Espectador, menciona que «se obliga a las empresas de 15 o más trabajadores a cumplir con una cuota de aprendizaje. Si esta no se cumple, la compañía deberá cancelar al SENA un valor mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz que no contrate».

Un debate de dos caras

El senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, defendió su postura de la oposición, proponiendo que el proyecto se archive en razones técnicas y no políticas. Según Barrera, la reforma presenta «inconvenientes» que fueron identificados en mesas técnicas y otros espacios de diálogo, además de encuestas cara a cara en todo el país.

«Una microempresa que esté iniciando su proceso de formalizarse no tendrá capacidad de pagar lo que busca la reforma. La cortina de humo es que están a favor de los trabajadores, pero en realidad lo que viene es acabar los empleos y no lo decimos nosotros, lo dice el Banco de la República con argumentos técnicos», dijo el senador a Periódico del Meta

Por otro lado, los defensores de la reforma sostienen que esta busca actualizar la legislación laboral colombiana, alineándola con estándares internacionales y restituyendo derechos que fueron recortados en el pasado. Uno de los puntos más álgidos es la propuesta de adelantar el inicio de la jornada nocturna a las 7 p.m. y aumentar los recargos por trabajo dominical y festivo al 100%, revirtiendo los cambios implementados en 2002.

El principal foco de discordia gira en torno a los costos que implicaría la reforma para el sector empresarial. Mientras que algunos abogan por mejorar las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores, otros advierten sobre el riesgo de afectar la capacidad de contratación y fomentar la informalidad.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) estima que los costos extrasalariales para los empleadores podrían aumentar hasta un 63,8%, lo que, según la organización, «desembocaría en la imposibilidad de muchos empleadores de poder pagar los salarios de sus trabajadores». Asimismo, el Banco de la República ha advertido sobre la posible pérdida de 450.000 puestos de trabajo.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99,5% del tejido empresarial colombiano, serían las más afectadas por la reforma. La oposición argumenta que no se puede legislar para el 2% de las empresas, sino que es necesario crear condiciones para el crecimiento de las mipymes.

Consensos

A pesar de las discrepancias, la reforma también ha generado consensos importantes. Uno de ellos es la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales, como Rappi y DiDi, en el sistema de seguridad social. Esta medida, que se aplicaría independientemente del tipo de contratación, sentaría un precedente importante para las nuevas formas de trabajo en el país.

Otro punto de acuerdo es la ampliación de la licencia de paternidad, que pasaría de dos a cuatro semanas. Sin embargo, esta medida también ha generado controversia por su alto costo fiscal, estimado en 240.000 millones de pesos.

La reforma laboral se encuentra en un momento decisivo. Su aprobación o archivo tendrá un impacto significativo en el mercado laboral colombiano y en la economía del país. El debate está abierto y la incertidumbre persiste, mientras los diferentes actores sociales y económicos buscan un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.