Sigue debate por alumbrado público en Villavicencio

El abogado especialista en derecho administrativo, Édgar Ardila, alertó esta semana sobre posibles errores en los que pudo haber incurrido el concejo de Villavicencio, al aprobar, a finales de noviembre del 2018, el proyecto de acuerdo para crear una empresa de economía mixta con miras a controlar el alumbrado público de esta ciudad.

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Ardila indicó que fue una falla no especificar bajo qué denominación debe crearse dicha entidad y podría convertirse en un “cheque abierto” al alcalde Wilmar Barbosa, ya que la misma debería estar bajo el amparo de una sociedad anónima por acciones.

Así mismo, dice Ardila, el acuerdo debió detallar que las acciones pertenecientes al municipio deben ser Clase A pues son privilegiadas y la Ley así lo exige.

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El abogado también cuestionó que los concejales que aprobaron el acuerdo no estipularon a qué instancia de la administración municipal debería estar adscritamla empresa mixta para el posterior control y que esta “no puede ser una rueda suelta”.

Hace dos semanas el senador Jorge Robledo también criticó el modelo de la empresa que se pretende crear en Villavicencio porque, según él, aunque el municipio tendría la mayoría accionaria, el socio minoritario podría elegir gerente, junta directiva y revisor fiscal. “Todo se montó a la medida de William Vélez (empresario antioqueño propietario de varias concesiones en el país)”, dijo Robledo.

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Jacobo Matus, secretario privado de la Alcaldía, ha insistido en que la empresa mixta será regulada por la Ley 142 de Servicios Públicos y que se necesita un socio con el soporte financiero para ejecutar las inversiones que se requieren inicialmente y que están por el orden de los 55.000 millones de pesos, para reponer todo el parque lumínico en un período de siete meses.

“La escogencia del socio se analizará con base en el marco normativo contemplado en la autorización hecha por el Concejo Municipal para avanzar en el proceso de creación de la Empresa de Servicios Públicos Mixta, y teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico colombiano”, dijo Matus Díaz