Dosis mínima, debate máximo

La polémica está abierta en el país. El gobierno del presidente Duque tiene la decisión de reducir el consumo y la comercialización de drogas y para ello decomisará las dosis en las calles.

La controversia no se ha hecho esperar, pues el borrador del decreto deja ver que el soporte jurídico de la medida es el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016), con el cual el Gobierno podría ordenar a la Policía que decomise incluso la dosis permitida que equivale a 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína y, además, no se podrá consumir en el espacio público.

La medida también generó opiniones encontradas en Villavicencio, una ciudad donde se ha disparado el consumo entre jóvenes, en especial de bazuco y marihuana. Quienes están a favor del decreto presidencial, sostienen que dará herramientas a la Policía para evitar, por ejemplo, que los parques sean tomados por los jíbaros. Sin embargo, otros aseguran que la medida es regresiva, no ataca el problema de fondo y criminaliza el consumo.

En diálogo con Periódico del Meta, David Mora, vocero de colectivo social Entre Barrios, señaló que la penalización nunca ha sido una solución de fondo y sí aumenta los precios para el jíbaro.

“La medida resulta ineficaz porque no le apunta a resolver las causas de la problemática. Y no las va resolver, porque el expendedor seguirá en las calles y el consumidor que tiene una dependencia, una enfermedad y es adicto será perseguido”, sostuvo Mora.

Para él, el tratamiento de la drogadicción se debe enfrentar de una manera distinta, como lo proponía Carlos Gaviria, con educación y prevención. “A eso es a lo que hay que apuntarle en este país, no a la represión y criminalización de los consumidores”, reitera.
Así mismo, plantea que en Colombia debería haber una política de salud pública para tratar la drogadicción y que el Estado eduque a la población sobre el tema, para evitar que más jóvenes caigan en este flagelo. “Este aspecto es fundamental y el estado debería enfocarse en ello. Sí hay salud pública y educación buscando prevenir esos casos ahí sí vamos a prevenir el consumo”.

Mora enfatiza en que la medida contribuye a entregarle el país a los vándalos, porque no va directamente contra las redes delincuenciales, y sí permite que estas bandas encuentren nuevos consumidores. “La penalización no resuelve el problema de fondo, porque el consumidor va a salir a las calles así sean penalizado”, sostiene.

Por su parte, Elkin Zapata, director de la Casa del Alfarero en Villavicencio, ONG dedicada a rehabilitar a drogadictos, dice que esta medida no es regresiva y que, por el contrario, protege la vida de la juventud colombiana. “En países donde se legalizó la droga, la juventud es la mayor consumidora, ¿queremos eso en Colombia?”, se pregunta.

Zapata asegura que permitir la dosis mínima es decirles a los jóvenes que pueden consumir algo que destruye la salud, que está bien visto y sobre todo que es legal: “esto no se puede permitir más, y menos en un país como Colombia que es productor y consumidor a la vez”, enfatiza.

“Yo hice uso de mi derecho a la dosis mínima. Resultado: ocho años de indigente y cinco años viviendo en un basurero”, reiteró en sus redes sociales.

Para él, la dosis mínima es una herramienta que le ha permitido a los delincuentes expandir el negocio de la venta de drogas y expender sin ningún reparo estas sustancias alucinógenas, que ocasionan que a diario centenares de niños y jóvenes ingresen al mundo de las drogas y se conviertan en adictos. “Al penalizar el porte y consumo de drogas, ya no va ser tan fácil que los jóvenes consigan este alucinógeno, por lo tanto, se va a disminuir la velocidad con que está creciendo este problema”.

Frente a los consumidores, Zapata es enfático en asegurar que así sean penalizados, no van a dejar de consumir, porque se escudan en que son adictos y están enfermos. Por eso reitera, que la penalización de la droga es una medida que se debe dar con el fin de proteger a los jóvenes que no han ingresado al mundo de la drogadicción.

Por último, no duda en precisar que la medida no criminalizará a los consumidores como se piensa, porque estos no portan droga, la consumen.  “Los únicos que portan droga son los expendedores y con la medida lo que se criminaliza es la venta y el porte de sustancias”, sentencia.