Tras los bienes de las Farc

En los últimos dos meses han sido ocupados bienes por más de 2.800 millones que no habían sido declarados por el grupo. ¿Dónde está el resto?

Las dudas de cuánto suman los bienes reales de las Farc, antes de convertirse en grupo político continúan. El temor a que no declaren todo lo que tienen y se dediquen a lavar sus fortunas sigue latente y dos operativos de la Fiscalía y el Ejército en las últimas semanas parecen aumentar esos temores.

Pese a que las fuentes consultadas remiten a que los operativos se han hecho contra los grupos disidentes, organismos de inteligencia creen que se trata de las mismas propiedades del antiguo grupo armado ilegal Farc con diferentes propietarios. Las líneas de indagación se centran, por ejemplo, en el traspaso de dueños o administradores en los últimos 36 meses.

El más reciente operativo contra estas propiedades se dio la semana pasada con el Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional que logró la extinción de dominio a tres predios por un valor de 800 millones de pesos en el casco urbano de la capital del Meta.

En el área urbana de Villavicencio, durante operaciones de control territorial el pasado 3 de diciembre, las tropas del Batallón Serviez, de la Séptima Brigada, en coordinación con el Comando General de las Fuerzas Militares, realizaron extinción de dominio a predios pertenecientes al grupo armado residual de la estructura séptima.

“Durante la operación se realizó extinción de dominio a tres inmuebles, el primero una vivienda en el barrio Catumare avaluada en 480 millones de pesos, el segundo una vivienda en el barrio San Carlos por un valor de 120 millones de pesos y por último un local en el Centro Comercial Los Centauros avaluado en 200 millones de pesos, predios que fueron puestos a disposición de la Fiscalía 30 Especializada en Extinción de Dominio”, dijeron oficialmente en un comunicado.

Esta operación desplegó a funcionario del Área de Lucha contra Finanzas Ilegales Transnacional (Alfit), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y Policía Judicial y CTI mediante inteligencia militar.

En lo que va corrido del año, solo la Séptima Brigada ha realizado extinción de dominio a 17 predios de este grupo ilegal, siete de los cuales han sido en Villavicencio; seis en Puerto Gaitán; dos en Puerto López y uno en El Dorado y Cumaral.

En noviembre pasado la Fiscalía, también en conjunto con el Ejército, realizó ocupación de bienes con fines de extinción de dominios a inmuebles de proveedores de armas y explosivos de las extintas Farc, avaluados en 2.100 millones de pesos.

En los mismos se incluyen además de propiedades en Bogotá y Boyacá cuatro lotes en Villavicencio, Meta. Dichos predios quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

Según el ente acusador, todos estos predios estaban a nombre de Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes en su momento fueron condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo y concierto para delinquir.

Los predios, según el ente acusador, pertenecían a una organización criminal que por una década suministró armas y explosivos a diferentes frentes de las Farc, por los cuales recibió millonarios indemnizaciones, que usó para adquirir estos inmuebles.

Los buscarán

En los próximos días estará listo un decreto que otorgará plena autonomía a la Fiscalía General de la Nación para que proceda con la extinción de dominio de aquellos bienes de las Farc que, durante el proceso de dejación de armas, no fueron declarados para la debida reparación a las víctimas del conflicto armado.

“Seremos implacables con la reincidencia y, por eso, vamos a dotar a la Fiscalía de todas las herramientas para que pueda extinguir el dominio de aquellos bienes que no fueron declarados y que esos recursos puedan contribuir a la reparación económica de las víctimas”, señaló el primer mandatario. El hecho es de la mayor trascendencia, dada la polémica que despertaron los bienes de las Farc con el propio ente acusador que, en su momento, calificó de “burla” y de “inútil” el listado que entregó la exguerrilla a las autoridades.

El propio gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se había mostrado preocupado por las declaraciones del fiscal, Néstor Humberto Martínez, pues según su criterio, los bienes aportados –que incluían exprimidores de naranja, limón, escobas y “platicos”-, no garantizaban reparación plena a las víctimas de la guerra. De hecho, en ese momento se expidió un decreto (el 1407 de 2017) que creó la Comisión Transitoria de Verificación de los Bienes y Apoyo al Administrador del Patrimonio Autónomo.