La preocupación es válida. Los antecedentes y lo que dicen en voz baja algunas fuentes de inteligencia, es alarmante. La presencia de grupos armados ilegales, la extorsión y el control territorial son hechos cada vez más evidentes. Mientras hace algunos años existían solo disidencias de las Farc, desde hace unos meses se materializó la existencia de grupos como El Clan del Golfo e incluso de facciones del Eln y la Nueva Marquetalia.

Todos tienen un objetivo claro: dominar los municipios en el sur del Meta y las zonas petroleras, lo que les garantiza recursos del narcotráfico y de extorsión a la industria petrolera.

La situación no es nueva. Desde el 2020, una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió por la situación humanitaria que se presentaba en esos mismos sectores que hoy amenazan con protestas sociales, extorsiones y secuestros.

De hecho, la entidad aseguró en aquella ocasión que “resulta estratégico controlar el corredor de los ríos Upía y Meta, los cuales resultan favorables para el tránsito de narcóticos, entre otras actividades ilícitas, que desde el sur del departamento del Meta y también del Guaviare se transportan o bien en dirección del piedemonte llanero (a través de la cordillera Oriental en los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca) o bien hacia el norte y oriente del departamento del Vichada (a través del río Meta y jurisdicción de algunos municipios del departamento de Casanare) en dirección al territorio venezolano (estados Apure y Amazonas)”.

Lea: Pegados al celular, lejos de la realidad | Editorial

Por eso, que ahora se hayan incrementado los índices delincuenciales y la sensación de inseguridad entre los pobladores, es un reflejo de la falta de autoridad que se ha extendido en la región. Se suma a esto la salida en falso del Gobierno Nacional de ofrecer un cese bilateral al fuego, que abiertamente no está siendo cumplido por ninguno de los grupos involucrados.

A estas alturas, cuando se completa más de un mes de la “tregua”, el único que parece estar cumpliendo con lo pactado es la Fuerza Pública, pues en diferentes partes del Meta y otras zonas del país, la queja de los campesinos es la misma: Ejército y Policía no hacen presencia en zonas rurales e incluso en cascos urbanos volvieron a tener más control territorial los ilegales.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó esta semana que, en el sur del Meta y el oriente del departamento, fuerzas oscuras están carnetizando a la población civil para llevar un registro minucioso de sus movimientos, además de cobrar a los finqueros por cada hectárea que posean.

Preocupante panorama, de cara a unas elecciones regionales que determinarán qué tanto los llaneros le creen a la Paz Total.  

Entérese de toda la información a través del Fan Page de Periódico del Meta