Una ruta difícil de seguir

Aunque los organismos e instituciones han diseñado una ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia, al parecer no responde de manera adecuada a las necesidades cuando ellas deciden denunciar.

Según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo que va corrido del 2018 en el departamento del Meta se han presentado 10 homicidios a mujeres, siendo abril el mes en el que más casos se registraron, con cinco.

Las víctimas en el departamento oscilan entre los 18 y 35 años, convirtiéndose en un margen de edad crítica ya que los principales sospechosos son sus parejas o exparejas, aunque en más de 50% de los casos no se posee información acerca de los victimarios.

“No hay confianza en la institucionalidad, las mujeres tienen más confianza en las organizaciones de mujeres que en las propias entidades, entonces tal vez falta compromiso porque miramos que los índices de violencia, no bajan”, dijo Edelmira Garay, coordinadora de la Red Cívica por la Mujer del Meta.

“Lo que es preocupante es que más de la mitad de los hechos violentos ocurren al interior de los hogares, el sitio más peligroso resulta siendo la propia casa de la víctima, según las cifras”, explicó Alexander Hernández, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Meta.

Agregó que los hechos donde no hay dependencias de Medicina Legal no están siendo registrados en el sistema por lo que trabajamos en un proyecto con la Secretaría de Gobierno del Meta, donde nos comprometemos a capacitar los médicos de las IPS de los 29 municipios, pero le corresponde a la Secretaría de Salud dotar de computadores a las salas de urgencias para que los médicos puedan valorar y registrar.

Análisis a la ruta

Ante este subregistro de los casos de feminicidio, Viviana Palacios, integrante del Espacio de Interlocución y Concertación para el Seguimiento de la Política Pública de Equidad de Género del Meta (Plataforma EICOS ) presentó un análisis realizado a la ruta de atención de violencias intrafamiliar y basadas en género en el departamento. De acuerdo al estudio hay problemas en la custodia de las pruebas por parte de la Fiscalía General, además de una evidente congestión en la entidad, lo que provoca demoras en los procesos.

“Como no hay médicos legistas, las pruebas no cumplen con los estándares y sin estas no hay pruebas para llegar a una condena. Los testimonios no tienen ese peso jurídico para declarar una sentencia”, expresó Viviana Palacios.

La consultoría arrojo un déficit en términos de salud: la atención psicosocial no es suficiente ante los esfuerzos de las secretarías departamentales y municipales, por lo que la problemática llegan a EPS las cuales prestan este servicio, sin embargo no hay acciones pertinentes y las mujeres deciden desertar de la ruta. A ello se le suma la descoordinación entre las Personerías, Comisarias y el ICBF. Salcedo explicó que por ejemplo en Villavicencio solo dos de las tres comisarías existentes funcionan. Según ONU Mujeres la ciudad debe tener mínimo cuatro comisarías por el número poblacional que presenta.

“Esto no es un hallazgo, es lo que encontramos a diario las mujeres que siguen sufriendo porque la ruta es una tortura, a veces peor que la violencia misma que han sufrido. Es necesaria la real articulación institucional porque no la hay, incluso la Fiscalía se queja porque solo la usan para pedir datos, es necesario reevaluar las estrategia de las campañas de prevención. Las organizaciones también debemos revisar qué hacemos”, puntualizó la integrate del EICOS.

¿Qué hacen las ONG de mujeres?

Ante la poca eficacia de la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencias de género, las ONG que han trabajado de manera independiente para lograr minimizar estos actos criminales y prevenir desenlaces fatales, invitaron a trabajar de manera colectiva y no aislada.

“Como Red Cívica, tenemos un grupo de psicólogas con las que llevamos el taller de ayuda psicosocial de violencia intrafamiliar. Los casos los remitimos a un grupo de abogados que apoya el trabajo, nosotras estamos empoderadas de manera independiente y continua, pero esto no es suficiente. Invitamos a todos como ciudadanía, a que nos brinden más herramientas”, dijo Edelmira Garay.

En la pasada mesa de trabajo llamada ‘La violencia feminicida, un reto institucional’ varias instituciones se comprometieron en conjunto con las secretarías departamental y municipal de la mujer a mejorar la articulación de la instituciones y construir campañas de prevención pertinentes desde mujeres sobrevivientes.

“La responsabilidad es de todas las instituciones, tanto del sector salud, justicia y gobierno. Es fundamental comprender el llamado de auxilio que hace la mujer frente a un hecho de violencia personal o violencia al interior de la familia, esto puede evitar un feminicidio”, puntualiza Isabel Agatón, de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación.