Unidad de Restitución de Tierras abre nuevo capítulo con el caso de La Camelia en Villavicencio

La familia Ditterich Dalla Torre anunció este martes que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas resolvió inscribir el predio urbano La Camelia, ubicado en la comuna 9 de Villavicencio, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente mediante la resolución RT 00982 de 27 de septiembre de 2025. La medida constituye, según los representantes de la familia, una protección jurídica sobre la propiedad tras acreditar hechos de despojo en el marco del conflicto armado.

En una rueda de prensa convocada por la familia, el abogado defensor Néstor Julián Botia Benavides explicó que la decisión responde a un proceso administrativo en el que la Unidad de Restitución investigó y contrastó la solicitud presentada por los propietarios. Botia Benavides recordó que la familia agotó la vía administrativa prevista en la Ley 1448 de 2011 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia T-025), y señaló que la inscripción en el registro implica efectos inmediatos de protección del predio.

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“Encaminar hacia los efectos inmediatos de protección jurídica en el predio por la inscripción que se ordenara en el registro único de tierras despojadas”, afirmó el defensor, quien además relató el historial del trámite: desde la solicitud formal presentada por el ingeniero Werner Ditterich Dalla Torre (registrada el 7 de octubre de 2014) hasta la resolución 01385 de 2022, la cual, según el abogado, actuó como aviso público sobre la existencia de una actuación administrativa en curso.

Botia Benavides cuestionó a la actual administración municipal de Villavicencio y al despacho del alcalde, a quienes acusa de “desviación de poder” al alterar el sentido de órdenes de ejecución y cambiar los destinatarios de diligencias relacionadas con el predio. Según su versión, durante las administraciones municipales pasadas, para los años 2018, 2019 y 2021 se habrían adelantado actuaciones de contextualización de órdenes judiciales en favor de ocupantes y terceros vinculados al barrio La Camelia.

La familia también denunció una cadena de hechos que, afirman, vulneró sus garantías: publicidades colocadas en el predio anunciando diligencias, convocatorias con fechas cambiadas y una cobertura mediática que, según los Ditterich, adelantó un escenario de desalojo. Relataron, además, que el 17 de febrero les permitieron ejercer un derecho de réplica en la revista Semana y que, pese a ello, el 13 de mayo se dispuso el ingreso de 200 policías del ESMAD que, aseguran, actuaron sin orden judicial para allanar y comenzar un desalojo.

Frente a estos hechos, la familia informó que ya cursaron acciones judiciales para proteger el predio y demandas por responsabilidad administrativa en contra del municipio y de funcionarios, entre ellos el alcalde Alexander Baquero y Sol Gaviria, Inspectora Novena de Policía, por presunta actuación con desviación de poder. El abogado dijo que existen elementos que serán objeto de las acciones para acreditar responsabilidad cuando se alteran destinatarios y sentido de órdenes de ejecución.

Por su parte, Werner Ditterich Dalla Torre, quien convocó la rueda de prensa, negó acusaciones que lo vinculen con grupos armados o estructuras ilícitas y dijo sentirse víctima de estigmatizaciones en medios de comunicación. “Son casi 37 años de conflicto, de litigio, pero litigio que no significa que las decisiones jurídicas no estén en firme”, manifestó. Ditterich advirtió que agotará las instancias judiciales y administrativas necesarias para evitar la pérdida de su predio y exigió que el alcalde “dé un alto en el camino”, se reúna con sus abogados y decida si mantiene la intención de proceder con el desalojo.

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La familia también puntualizó diferencias entre los actos administrativos de legalización urbanística que han permitido obras como mejoramiento de vías o instalación de redes y la transferencia material y jurídica de áreas públicas. En ese sentido, reclamaron que no puede invertirse recurso público sobre un predio que se encuentra, a su juicio, protegido por medidas de restitución y por actuaciones pendientes de resolución.

La inscripción de La Camelia en el Registro de Tierras Despojadas, según Botia Benavides, aclara dudas frente a tres actos administrativos de legalización que existen sobre sectores como Bosques de la Rivera (1, 2 y 3), Villa Juliana y Cámbulos, y obliga a las autoridades a revisar el estado jurídico del predio antes de ejecutar cualquier actuación que implique la entrega material o jurídica.

La familia concluyó la socialización afirmando que, ante la decisión administrativa de la Unidad de Restitución y la existencia de recursos judiciales en trámite, corresponde a la alcaldía de Villavicencio evaluar su actuación y acatar las órdenes emanadas de la entidad encargada de la restitución de tierras.

Contexto

Según la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el caso se centra en la finca «La Camelia», un predio de 91 hectáreas y 9.990 m² ubicado en la vereda Zuria del municipio de Villavicencio. La solicitud de restitución, presentada por Werner Ditterich Dalla Torre, expone una historia que combina pugnas sucesorales con la presión del conflicto armado interno. 

La finca, adquirida en 1954 por Federico Erardo Ditterich Hopfenmueller, fue objeto de un conflicto testamentario tras su muerte en 1988. Se desató una batalla legal en torno a un testamento posterior que fue declarado nulo por graves irregularidades, ratificando la validez de un testamento cerrado de 1982 que asignaba la propiedad al padre del solicitante y a sus nietos.

El despojo material se concretó en el año 2000, luego de un periodo de intensas presiones. El solicitante afirma que el despojo fue facilitado por una cesión irregular de derechos en 1999, que se concretó mientras su madre, Nelly Dalla Torre de Ditterich, estaba secuestrada por el Frente 43 de las FARC-EP, bajo el mando de alias «John 40». 

Ítems claves

• Secuestro como Presión: El secuestro, ocurrido en octubre de 1999, fue denunciado ante la Fiscalía. Según el solicitante, «John 40» le advirtió a su padre que el plagio se dio por la negativa a vender los derechos sobre el predio «La Camelia». La liberación se logró en marzo de 2000 tras el pago de 400 millones de pesos, obtenidos de la venta de otro predio familiar.
• Reconocimiento de la JEP: Recientemente, la familia fue reconocida como víctima por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del Caso 001, en relación con el secuestro de la madre.