martes, 23 de abril de 2024
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Una herencia que enreda a Harman (II)


Una herencia que enreda a Harman (II) 1
El barrio Villa Juliana se ubica en predios de la finca La Camelia.
Valentina Mejía

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En nuestra segunda entrega sobre el caso de la finca La Camelia, revelamos supuestas presiones para favorecer la diligencia de entrega de este predio, envuelto en un laberinto jurídico.

 

En la primera parte de este reportaje detallábamos el proceso de sucesión que se adelanta en el predio finca Las Camelias, desde hace más de 20 años y donde al cabo del tiempo terminó salpicando una decisión administrativa del exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman, hoy director de la Agencia Nacional de Tierras.

Para diciembre de 2019, el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio ordenó a la Alcaldía designar un inspector de Policía para realizar la diligencia de entrega de los bienes a todos los herederos.

Para el 2020 se inició un proceso penal en contra de Gunther (uno de los hijos de Erardo Ditterich) por los delitos de supuesta estafa masiva, urbanización ilegal y prevaricato por acción, lo anterior, por las ventas irregulares realizadas desde el año 2012 a través de una fundación “Construyamos Para Todos”.

En 2021 fallece Gerardo Alvarado y en representación de los herederos quedó su hijo Gerardo Javier Alvarado Cubillos. Ese mismo año, el personero Juan Carlos Guasca instauró una denuncia en contra de Juan Sebastián Morales Romero, director de Justicia de la Alcaldía de Villavicencio, donde da a conocer unos supuestos hechos irregulares que se habrían presentado en unas mesas de trabajo realizadas con varios funcionarios de la administración para coordinar la diligencia ordenada por el despacho comisorio 025.

El inspector inicialmente asignado para realizar la diligencia de entrega de la finca fue Ángel Hernán Garzón Díaz, quien el 3 de agosto de 2021 interpuso una queja por acoso laboral, argumentando que le estaban ordenando que en la diligencia debía resolver a favor de la familia Ditterich”, detalló Carranza.

Ante estas declaraciones, Periódico del Meta se contactó con el inspector Ángel Garzón, quien sostuvo que sí sintió presión por parte de algunos funcionarios de la alcaldía.

Lea la primera parte del informe: Una herencia que enreda a Harman (I) 

Empecé a ser presionado y a recibir llamadas de la secretaria de Gobierno y del director de Justicia que tenía que hacer la entrega de la finca La Camelia a Erardo Ditterich y a sus hijos Fernando, Werner y Gunther, y que debía desconocer las oposiciones que fueran a ser presentadas, específicamente lo que corresponde al señor Gerardo Alvarado”, dice el documento que radicó el inspector ante el Ministerio de Protección Social por presunto acoso laboral.

Según el inspector, el director de Justicia convocó varias mesas de trabajo donde solo debían estar servidores públicos a fin de articular las acciones para el cumplimiento del despacho comisorio 025 de 2019. Sin embargo, a esas mesas fueron citados Fernando Acosta y Harol Gutiérrez, abogados de la familia Ditterich.

Con la participación de ellos en las mesas de trabajo, se me ordenaba que tenía que resolver la diligencia a favor de ellos y entregarles el predio sin reconocer los derechos de terceros”, detalló Garzón.

Para el 5 de julio de 2021, el inspector detalló que recibió una llamada de la secretaria de Gobierno donde le ordenaba la entrega del predio a la familia Ditterich. “Yo le manifesté que en estricto derecho no se podía, ya que tocaba darle trámite a la diligencia como lo había ordenado el juez que comisionó la diligencia”.

Y añadió: “ante esta situación, yo puse una queja ante el Ministerio, pero no pasó nada. Como había presentado una solicitud semanas antes de traslado, ellos se escudaron en eso para sacarme y poner en mi cargo a otra persona quien sí realizó la diligencia como ellos lo solicitaban”, precisó Garzón a PDM.

Es así como el agente de tránsito, Arney Torres Nieves, llegó a ser el inspector de Policía N°8 del barrio Ciudad Porfía, quien en noviembre del 2021 realiza una diligencia de entrega de La Camelia a los herederos Ditterich Chamavarri, la misma que según el abogado Carranza, se adelantó de manera errada.

El inspector extralimitó sus funciones al desconocer la oposición presentada por el apoderado de los herederos Gerardo Alvarado, la cual se fundamenta en varias irregularidades cometidas por parte del inspector”.

Para el 2022, el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, declaró nulidad de la diligencia de entrega realizada en noviembre de 2021 por el inspector Torres y ordenó el restablecimiento de los derechos de las personas que alegaron el derecho de posesión el momento de adelantar la diligencia. Ese mismo año se realizó audiencia de imputación de cargos a Torres por el delito de Prevaricato por acción.

Asimismo, la Magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, Julieta Lemaitre, solicitó a la Fiscalía que se investigaran las conductas denunciadas por el abogado Carranza, respecto a unas versiones rendidas por unas supuestas víctimas que se presentaron ante esta jurisdicción afirmando la existencia de un supuesto secuestro en la finca La Camelia.

Ellos se presentaron como presuntas víctimas de las Farc ante la JEP, supuestamente habían sido secuestrados por las Farc porque los querían obligar a firmar una escritura de venta de una propiedad a un señor Alvarado. Con esa misma petición se fueron a la Agencia Nacional de Tierras para lograr conmover y que ordenaran la entrega de la tierra como si fueran víctimas del conflicto. Sin embargo, la JEP se dio cuenta que era falso”.

Ante los señalamientos, Harman le respondió a El Tiempo que “ninguna Alcaldía interviene en conflictos entre privados de tierra. Las actuaciones fueron por la orden de un Juez de la República. Los actores privados han demandado y contrademandado decisiones judiciales en los últimos 20 años”.

Asimismo, el exalcalde señaló que no hay una investigación en Fiscalía sobre ese tema y que, en cambio, sí denunció ante esa entidad al abogado que presentó la queja disciplinaria. “Al abogado que hizo esas aseveraciones lo denuncié ante la Fiscalía por injuria y calumnia”, declaró.

Periódico del Meta intentó contactarse con el exmandatario, así como con personas cercanas a él, pero no fue posible obtener declaraciones sobre este caso.

 


Valentina Mejía

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