Vía sin papeles II

Segunda parte de una investigación de la Universidad de la Sabana revela las empresas que están detrás de Coviandes, concesionaria que este año termina su presencia en la vía al Llano.

Por Isabela Granados, Daniela Cangrejo, Tatiana González y Juliana Jiménez.

El Espectador/ Especial Periódico del Meta

La vía Bogotá-Villavicencio se encuentra bajo el control de Coviandes, encargada de administrar la carretera y del proyecto de doble calzada. Este concesionario es propiedad mayoritaria de la Corporación Colombiana de Inversiones – Corficolombiana, una compañía del Grupo Aval, entidad financiera que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de uno de los conglomerados más grandes del país.

Corficolombiana fue creada en 1961 bajo el nombre de la Corporación Financiera del Valle. Entre 1997 y 1999 se fusionó con siete corporaciones financieras para crear lo que hoy se conoce como la Corporación Financiera Colombiana S.A (Corficolombiana). A través de Corficolombiana y sus filiales, el grupo se ha hecho con otros cuatro grandes contratos de infraestructura, entre los que se encuentra la Ruta del Sol II, proyecto investigado por la adjudicación fraudulenta de contratos con la firma Odebrecht.

Según varios estudios contratados, como el de la firma estadounidense Modjeski & Masters y la empresa mexicana Mexpresa, el colapso del viaducto de Chirajara en enero del 2018 tuvo que ver con fallas en los diseños. No se explica cómo estos diseños fueron aprobados por dos interventoras durante la primera presentación de los planos en 2009 y su última modificación, el 16 de enero de 2017, sin que hubiera habido ninguna alerta.

Coviandes contrató al consorcio EDL Ltda – CEI S.A, para que se encargara de los diseños del viaducto. Esta empresa, a su vez, subcontrató a Héctor Urrego, gerente de Área Ingenieros Constructores, quien fue el encargado de presentar los primeros diseños. La interventoría para ese proceso, el consorcio Bilces, los aceptó y dio luz verde para empezar la construcción.

Sería fácil culpar a Urrego por sus malos diseños, pero hubo dos pares de manos adicionales que trabajaron en los planos, pues Coviandes subcontrató a la firma mexicana Tradeco Grupo, que le hizo las primeras modificaciones a los diseños originales. Esta firma

presentó atrasos con algunos de los pagos a los trabajadores, por lo que salió del proyecto.

Mientras otro contratista era vinculado, Coinvial, empresa también perteneciente a Corficolombiana, se encargó de las cimentaciones y de hacer nuevas variaciones al diseño. Finalmente fueron Gisaico S.A e Icmo S.A.S las empresas contratadas en 2017 para continuar y concluir el proyecto. Gisaico S.A fue la que hizo los últimos ajustes al diseño.

El principal cuestionamiento de esta trama es cómo el Gobierno le asignó en primera instancia a Coviandes el contrato de Bogotá-Villavicencio, una empresa sin experiencia y que ha tenido varios inconvenientes en el mantenimiento de la vía, entre ellos el colapso de un puente que dejó diez personas muertas y una decena de heridos.

Además, se le asignó a otra compañía también de Corficolombiana la Ruta del Sol II, una obra que hoy es investigada por corrupción. Aún después de todo esto, Corficolombiana sigue teniendo la libertad para que sus empresas participen en licitaciones públicas sin investigación alguna sobre la compañía o sobre otros proyectos que haya podido desarrollar.

Es así como los problemas e irregularidades de la vía al Llano van más allá de la caída del viaducto Chirajara. Desde falta de documentación y transparencia en el proceso hasta el recaudo de dineros para construir y mantener los daños en la vía, que no son resueltos en su totalidad, y que afectan especialmente a los viajeros frecuentes. Una carretera que, debajo de los premios ganados, el asfalto, el lodo, el dinero y los subcontratos, esconde entre sus escombros demasiados interrogantes que aún no han sido resueltos.