Villavicencio aparece en investigación por fotomultas pese a suspensión del sistema desde 2020
- Publicado en May 20, 2026
- Sección Villavicencio, Lo Mas Reciente
El Gobierno Nacional abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas de fotodetección, conocidos como fotomultas. Entre las ciudades mencionadas aparece Villavicencio, pese a que en la capital del Meta este sistema permanece suspendido desde el año 2020.
La actuación fue anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, tras detectar posibles incumplimientos de requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte para la operación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST).
Según la investigación, algunas autoridades de tránsito habrían operado cámaras de fotodetección sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la legalidad y confiabilidad de los equipos.
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De acuerdo con la Supertransporte, 12 organismos iniciaron operaciones sin el concepto técnico requerido, siete habrían utilizado conceptos expedidos a terceros y otros 18 obtuvieron la certificación después de comenzar a imponer comparendos.
Entre las autoridades investigadas aparecen organismos de tránsito de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio, entre otras ciudades y municipios.
No obstante, en el caso de Villavicencio, las fotomultas permanecen suspendidas desde 2020. Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no entregó respuesta sobre cuáles serían las fechas específicas o los periodos objeto de investigación en la ciudad.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que las actuaciones buscan proteger el debido proceso de los ciudadanos y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo sin sustento legal.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias”, afirmó la ministra.
La Superintendencia de Transporte indicó que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
Además, el Gobierno advirtió que las entidades involucradas podrían verse obligadas a devolver los recursos cobrados y enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones.
Otro de los efectos de la investigación sería la revocatoria de oficio de 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados, los cuales quedarían sin validez y podrían beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, sostuvo que las actuaciones no buscan afectar la seguridad vial, sino garantizar que las cámaras operen bajo el cumplimiento de la ley.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, señaló.
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