Viviendas en tiempos de paz

Para enero del 2015, pese a que ya estaban adelantados los diálogos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, el Meta aún era un hervidero por el conflicto y la quema de buses en las carreteras del departamento era apenas el símbolo más visible de los niveles de extorsión a los que había llegado la región.

“No entendíamos cómo si se estaban logrando acuerdos, quienes deberíamos beneficiarnos de esa paz era los que más soportábamos las amenazas y las extorsiones para seguir trabajando”, dice un comerciante que recuerda esa época con dolor.

A pesar de que la Policía Nacional destinó dos Gaulas exclusivos para investigar los casos y dar con el paradero de quienes extorsionaban, nada contenía la ambición de los delincuentes, quienes no parecían tener límites para enriquecerse a costa de empresarios, comerciantes y hasta de vendedores ambulantes, quienes debían pagar la cuota.

Habían pasado apenas 15 días de aquel año y, con tristeza, una firma constructora tuvo que dar su brazo a torcer paralizando una obra contratada por la Gobernación del Meta, en el municipio de La Macarena, con una inversión que superaba los 2.440 millones de pesos.

“La decisión fue muy difícil, pero por política de la empresa jamás pagamos un peso por extorsión. Así que preferíamos retirarnos y esperar a que las condiciones de orden público se resolvieran”, dice Leonardo Reyes, arquitecto de MC Construcciones, la empresa que enfrentó ese coletazo de delincuencia en el Meta.

Suspender la construcción de 68 Viviendas de Interés Prioritario en una zona donde las víctimas justamente necesitan este tipo de proyectos para creer en el Estado, no fue fácil.

Los obreros apenas llevaban 30 días trabajando en el sector de Los Cristales, en el casco urbano de La Macarena, cuando el ingeniero residente de la firma constructora fue secuestrado por hombres armados. Aunque la retención ilegal duró 24 horas y terminó con la liberación del profesional, fue un día de angustia para él, sus familiares y la empresa. Con la liberación, llegó el mensaje que todos esperaban: para continuar la urbanización Buenavida tendrían que pagar una “cuota a la revolución”.

En adelante, el desarrollo de uno de los proyectos más importantes en materia de vivienda en zonas de conflicto que adelantaba la Gobernación del Meta, sufrió suspensiones que atrasaron la terminación del proyecto en 18 meses. Los campesinos más pobres, quienes se beneficiarían de las casas, miraban impotentes como del proyecto apenas existía un lote descapotado y algunos materiales de construcción abandonados.

Gestiones de paz

 La determinación de concluir la urbanización a toda costa era firme para MC Construcciones. En todos los años de existencia de la empresa, nunca ha abandonado un proyecto, pero tampoco podía arriesgarse a que alguno de sus empleados se convirtiera en víctima, o que la maquinaria terminara en llamas por no obedecer las órdenes de los grupos ilegales.

También se había convertido en un desafío profesional porque construir casas con las especificaciones técnicas y en condiciones dignas para los campesinos, en las circunstancias geográficas que exige el sur del Meta, es un reto que a pocas constructoras les gusta enfrentar.

“No es fácil trabajar allá. Llevar materiales por tierra es un día de viaje desde San Vicente del Caguán (Caquetá), los costos son altísimos y la vía era controlada por delincuentes en ese momento. Las temporadas de lluvias son fuertes y por el clima húmedo, trabajar en esas condiciones se hace más pesado”, dice Juan Carlos Navarro, arquitecto de la empresa.

Fue solo hasta 2016 que todo empezó a cambiar. La llegada de una mujer a regir los destinos del Meta, dio una vocería diferente para abordar los problemas. La convicción de la Gobernadora para que, con decisión política, llevara el caso directamente a las instancias de quienes dialogaban en La Habana, desató el nudo en el que se encontraba el proyecto.

El 22 de agosto del 2016, apenas una semana antes del cese al fuego entre Gobierno y Farc, recibieron la noticia de que podían retomar obras en La Macarena.

“Hicimos un ensayo. Mandamos tres camiones, de los 200 que se necesitaban cargados con materiales para la obra. Sin embargo, la guerrilla los interceptó y nos dijo que de todas formas debíamos pagar la extorsión porque, según ellos, el contrato se había firmado antes del cese al fuego. Sin embargo, nuevamente las gestiones a instancias de Presidencia y Comisionado de Paz dieron resultados y por fin ‘Buenavida’ empezó a tomar forma en terreno.

“Sabíamos la importancia de terminar ese proyecto, debido a lo que significaba para el posconflicto y las víctimas”, dice Navarro.

El 20 de febrero terminó la obra. Solo resta esperar que los beneficiarios tengan las llaves de sus casas y reinicien una ‘Buenavida’ en paz.