‘Volteo de tierras’ salpica al Meta

La Procuradora Delegada para la Moralidad Pública recibió 16 quejas durante una audiencia pública que ya empieza a arrojar algunos resultados.

El pasado 27 de abril se cumplieron dos años desde que el desplome del edificio Blas de Lezo en Cartagena, que dejó 21 personas muertas, revelara otra modalidad de corrupción en Colombia: ‘el volteo de tierras’. Aunque se convirtió en tema nacional, en especial en la Costa Atlántica, el ‘volteo de tierras’ dejó en evidencia esta modalidad de corrupción en varios municipios del país, donde entre alcaldes y concejales presuntamente se han confabulado para ‘acomodar’ las normas urbanísticas a sus intereses en relación con el uso de suelo.

Este tipo de ‘chanchullo’ consiste en la modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) o los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), dependiendo de la categoría de cada municipio y su número de habitantes; con el fin de incluir en las zonas urbanas, en la mayoría de casos, predios que figuraban dentro del área rural.

De esta manera, cambiando el uso del suelo, los predios que figuraban como rurales o para actividades agrícolas, pasan a ser parte del área urbana, multiplicando su valor y en la mayoría convirtiéndose en proyectos urbanísticos, lo que para algunos analistas puede entenderse como enriquecimiento ilícito.

Aunque esa es la modalidad más denunciada en el país, existen otros casos donde presuntamente los POT habrían sido utilizados como herramienta de corrupción, para favorecer multinacionales relacionadas con la actividad minera o en el caso del Meta proyectos petroleros, afectando incluso áreas naturales protegidas.

En el departamento del Meta el tema no ha pasado inadvertido y en la visita del Procurador Fernando Carrillo a Villavicencio el pasado 6 de marzo pasado, escuchó varias denuncias que hicieron que el alto funcionario programara una audiencia pública especial sobre el llamado ‘volteo de tierras’, para recibir únicamente denuncias sobre el particular.

“El cambio del uso del suelo y el volteo de tierras se han constituido en las fuentes principales del enriquecimiento indebido de funcionarios públicos de este país, porque aquí mucha gente aspira llegar a las alcaldías para quedarse con la regulación de los POT”, explicó Carrillo. Agregó que “los Planes de Ordenamiento Territorial se convirtieron en la ‘gallina de los huevos de oro’ de la corrupción para los funcionarios de elección popular y eso tenemos que pararlo, y lo tenemos que parar entre todos”.

La audiencia La diligencia, a la que incluso muchas veedurías no asistieron, se extendió por cerca de cuatro horas, se adelantó en las instalaciones de la Procuraduría Regional del Meta y estuvo presidida por Olga Lucía Alfonso Velásquez, Procuradora Delegada para la Moralidad Pública, en compañía del Procurador Regional Luis Carlos Gómez Santa y el Provincial, Nelson Enrique Rodríguez Balaguera.

“Hemos tomado atenta nota y nos vamos preocupados porque la situación como se ve a priori, pues tiene bastantes dificultades”, indicó la delegada del Ministerio Público al término de la audiencia, en la que se instauraron 16 denuncias, por parte de veedores y habitantes de municipios como Acacías, Restrepo, Cumaral, Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico y Villavicencio.

En Acacías Una de las denuncias más delicadas fue hecha por varios líderes comunales y veedores del municipio de Acacías, donde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que elaboró la administración de Arsenio Vargas, y que alcanzó a ser aprobado en primer debate en diciembre del 2015, fue hundido por el nuevo concejo en enero de 2016, para ser modificado por la administración actual, ‘enterrando’ cerca de 1.200 millones de pesos pagados por Ecopetrol para la realización de estudios del proyecto anterior.

Así lo explicó Enrique Molina, durante la audiencia, quien además dijo contra el actual alcalde de Acacías, Víctor Gutiérrez y el Concejo vigente, que “el objetivo de este nuevo proyecto que piensan presentar en mayo, es incorporara terrenos que han venido loteando desde hace tres años, ese es el compromiso que tienen con los urbanizadores piratas”, aseguró.

A su turno, José del Carmen Ortiz, también de Acacías, sostuvo que “ya se han conformado mafias de tierreros y que hay más de 15 veredas donde venden lotes de 7×15 metros, sin las respectivas licencias”, sostuvo agregando que quienes los comercializan, prometen que los terrenos quedarán legalizados en mayo con el nuevo PBOT.

El denunciante pidió resultados a la Procuraduría y manifestó que
no es necesario esperar a que se presenten amenazas por ese tipo de denuncias, como ha ocurrido en otras regiones del país.

Puerto Gaitán Para el caso del municipio de Puerto Gaitán, Luis Niño, líder social de ese municipio, denunció varias irregularidades haciendo énfasis en un terreno de al menos 290 hectáreas que hacía parte de la pista de aterrizaje, pero que pasó a ser un lote baldío, según él gracias a la modificación del esquema territorial hecho por el exalcalde Óscar Bolaños.

“En estos momentos no tenemos pista, ni las áreas que pertenecían a personas víctimas de la violencia y campesinos que tenían proyectos agrícolas. Ahora llegaron ciertas personas a apoderarse de ese terreno, vienen a ser familiares de exalcaldes”, denunció Niño.

Asegura el líder que le preocupa mucho el hecho de que su denuncia ya había sido instaurada ante la Procuraduría Provincial, pero la misma según él, “fue a parar ante la Personería Municipal y vamos a ver quién montó la personera y es la misma alcaldía”, concluyó.

Sobre estas denuncias, el alcalde de Acacías, Víctor Orlando Gutiérrez, aseguró que son falsas y que la polémica que se da frente al supuesto ‘volteo de tierras’ es porque en el año 2016, al inicio de su mandato, el concejo municipal archivo un proyecto de acuerdo mediante el cual se buscaba aprobar el PBOT para el municipio, por lo que esto se ha prestado para malinterpretaciones entre la ciudadanía.

“La Procuraduría ya adelantó las investigaciones pertinentes sobre el tema, porque hubo una denuncia. El contrato que celebró la Alcaldía en ese periodo con recursos de Ecopetrol y el municipio era para que se entregara un documento técnico inicial, que fue hecho con un contratista en ese entonces. Ese documento técnico es hoy un activo del municipio. Y esos recursos que se invirtieron no se perdieron, eso lo tiene claro la Contraloría, por eso nosotros tenemos un fallo del ente de control en el cual señala que no hubo detrimento patrimonial con estos recursos”, explicó el mandatario local.

Alcalde se defiende

Sobre estas denuncias, el alcalde de Acacías, Víctor Orlando Gutiérrez, aseguró que son falsas y que la polémica que se da frente al supuesto ‘volteo de tierras’ que se presenta en el municipio , es porque en el año 2016, al inicio de su mandato, el concejo municipal archivó un proyecto de acuerdo mediante el cual se buscaba aprobar el PBOT para el municipio, por lo que esto se ha prestado para malinterpretaciones entre la ciudadanía.

“La Procuraduría ya adelantó las investigaciones pertinentes sobre el tema, porque hubo una denuncia. El contrato que celebró la Alcaldía en ese periodo con recursos de Ecopetrol y el municipio era para que se entregara un documento técnico inicial, que fue hecho con un contratista en ese entonces.

Ese documento técnico es hoy un activo del municipio. Y esos recursos que se invirtieron no se perdieron, eso lo tiene claro la Contraloría, por eso nosotros tenemos un fallo del ente de control en el cual señala que ni hubo detrimento patrimonial con estos recursos”, explicó el mandatario local.

Frente a la denuncia de venta de lotes sin licencias en veredas de Acacías, el mandatario acacireño señaló que esta es una problemática que no solo se presenta en el municipio de Acacías sino a nivel nacional, por lo que ha tomado dimensiones importantes en la región, en las que vienen trabajando las autoridades del municipio.
“Hemos actuado en varios puntos y hemos evitado que se sigan haciendo desarrollos urbanísticos en zona rural que nos son legales. Para ello, venimos trabajando de la mano con el Concejo municipal que nos ayuda hacer control político. Y por eso, hemos citado a la empresa de servicios públicos y a la EMSA, para que nos colaboren con no prestar el servicio de energía a esas urbanizaciones”, explicó el mandatario local.
Agregó que desde la secretaría de Gobierno también se ha venido trabajando en articulación con la Fiscalía para poder generar los trámites correspondientes y desde la oficina de instrumentos públicos hacer las anotaciones en aquellos planes donde se ha identificado que se están haciendo ventas al porcentaje.
González también explicó que el hecho de comprar un terreno por porcentaje no es ilegal, “lo que es ilegal es la manera como se van a desarrollar esos sectores urbanísticos o lotes, en esos terrenos no se puede construir, en eso hemos sido muy claros en Acacías”, señaló el mandatario local.