8 años de una paz que avanza lento en el Meta

“El avance más significativo es comprender que la paz es el único camino para los cambios y las transformaciones que demanda el territorio del Meta”, César Huertas, líder del Grupo de Investigación en Transformación Agraria.

Por Lina Sarmiento

Después de ocho años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc -EP, la situación en el departamento del Meta para los firmantes y las víctimas del conflicto no ha sido fácil, ya que la implementación ha dado largas para mostrar todos los resultados que se tenían previstos.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez informó en el Foro ‘Así Va la Paz’, que la implementación del Acuerdo va ‘rezagada’ en términos de recursos, gestión y resultados: “El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”, manifestó.

Uno de los puntos de la Contraloría, expuesto en el marco de la conmemoración de la firma del Acuerdo, es que pese a que se han asignado recursos para la implementación, especialmente para el Punto 1 que abarca la Reforma Rural Integral, no ha habido cambios estructurales en las zonas rurales del país, especialmente en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), a causa de la ‘ejecución desarticulada’ que ha habido.

César Huertas, líder del Grupo de Investigación en Transformación Agraria – Unillanos Observatorio del Territorio, quien ha venido realizando en los últimos años un seguimiento a la implementación del Acuerdo en la región, sostuvo que sí ha habido, en especial en reconocimientos populares.

“Algunos de los avances han sido: la resolución para el reconocimiento y la constitución formal de figuras de ordenamiento territorial e importancia estratégica para el Meta, las Zonas de Reservas Campesinas del Güejar – Cafre y Losada – El Guayabero, donde las organizaciones campesinas después de muchos años de lucha, lograron ser reconocidas. Asimismo, a través de la implementación de la Reforma Rural Integral, en estos ocho años ha surgido la posibilidad de que la población firmante logre acceder a predios en Acacias y en San Juan de Arama. De igual manera, se ha realizado entrega de tierras a familias campesinas en Puerto Gaitán, en Puerto Rico, y en Puerto Lleras”, expuso Huertas.

Es importante recordar que el Meta fue un lugar clave en el proceso de la firma del Acuerdo, no solamente por haber sido escenario principal el conflicto armado en Colombia, sino porque Mesetas fue protagonista del último episodio de la dejación de armas por parte de las Farc, siendo este uno de los motivos por el cual todos los actores regionales involucrados en el conflicto le apostaron a la paz.

La firma del Acuerdo, no solo representó la terminación oficial de la violencia armada, sino el inicio de nueva vida para miles de familias, que en medio de la adversidad y dolor a lo largo de estos años, han intentado reconstruir sus hogares, así lo manifestó a PDM, Gomer Ceballos, uno de los firmantes, quien en la organización era un compositor y cantante:

“Hemos pasado por situaciones complejas, pero también con esta nueva experiencia han llegado aspectos muy importantes y valiosos para cada uno de nosotros como el reencuentro con nuestras familias, la construcción de nuevos hogares, que no habían podido consolidarse por las situaciones adversas de la guerra, dando fruto al nacimiento de los niños de la paz”.

Pese a que se realizó un proceso de reincorporación con los firmantes, la situación para ellos en estos ocho años ha sido más cruda de lo que se esperaba, ya que después de la Firma, los atentados en contra de sus vidas ascendieron dejando múltiples pérdidas, ocasionando incertidumbre constante en su diario vivir:

“Uno de los principales retos que hemos tenido en el departamento, como firmantes, ha sido el tema de la seguridad, ya que esta se ha visto vulnerada por varios actos en los que hemos tenido la pérdida de vidas muy valiosas, de igual forma el desplazamiento de varios compañeros (…) Se debe vincular más a las víctimas y a la población firmante en diversos sectores de la sociedad, para que se vaya eliminando la estigmatización y el señalamiento que se nos hace por haber sido parte del conflicto”, expresó Ceballos.

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‘Los retos heredados de una implementación incompleta’

Con el cambio de Gobierno en Colombia, la dinámica de la implementación del Acuerdo de Paz ha tenido un giro significativo. Durante el mandato anterior, las necesidades de la población víctima y de los firmantes no fueron completamente atendidas. Aunque el enfoque del gobierno actual está más orientado hacia la implementación del Acuerdo, todavía queda un largo camino por recorrer para que pueda considerarse un proceso exitoso.

Así lo hizo saber a PDM Islena Rey, directora del Comité Cívico del Meta, y defensora de los Derechos Humanos en la región, “lamentablemente a ocho años de la firma del Acuerdo, los impactos y el avance que ha habido ha sido medianamente (…), con el actual Gobierno hemos visto mayor intención de que se cumplan los Acuerdos, en los cuatro años del Gobierno anterior se hizo trizas la paz y no se avanzó en lo más mínimo, sin embargo, el recurso del dinero sí se desapareció”, expuso Rey.

Asimismo, en la región del Meta, todavía existen baches que solucionar en materia de tierras, proyectos sociales y solución al problema de las drogas ilícitas, hechos que recalcó César Huertas en sus investigaciones de Unillanos:

“En un informe previo, evidenciamos que del total del Fondo de Tierras que tenía el departamento del Meta más del 80 % se concentraban en los municipios de Puerto Gaitán, Mapiripán y San Martín de los Llanos; por otra parte, más del 66 % se encuentran ocupados, lo que preocupa es que aquellos predios que pueden ser adjudicables, en realidad se encuentran ocupados”. 

“Por otra parte, el Punto 4 del Acuerdo Final, sobre la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, enfrenta grandes dificultades. Los modelos implementados en gobiernos anteriores carecen de integralidad y no se alinean con lo pactado, dejando sin resolver necesidades clave de las comunidades rurales que cultivan hoja de coca, como acceso a vías, desarrollo rural y alternativas económicas sostenibles que sustituyan efectivamente estos cultivos ilícitos”.

“La implementación del PDET Macarena-Guaviare avanza lentamente: solo el 11 % de las iniciativas priorizadas han sido ejecutadas, esto ocasiona que las 1.065 iniciativas sobre los ocho pilares serán implementadas en 31 años, más del doble del tiempo previsto inicialmente”, explicó el investigador.

La situación actual en el departamento deja claro que para que la implementación del Acuerdo se pueda cumplir a cabalidad es necesario que se garantice un seguimiento a los componentes clave de este, como lo son la Reforma Rural, la atención a las víctimas, la solución al problema de las drogas ilícitas, la infraestructura, la seguridad de los firmantes, entre otros.