Así explica el sindicato la crisis del transporte público en Villavicencio

El presidente del sindicato de transportadores, Pedro Umaña, advierte que la operación actual en Villavicencio es ilegal y que la ciudad se quedó con el rezago de las busetas viejas de Bogotá. Un fallo judicial obliga a licitar las rutas de inmediato.

Una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta revivió un problema que está lejos de resolverse en Villavicencio y cuya solución depende de voluntad política y visión de ciudad: el transporte público.

Periódico del Meta (PDM) dialogó con Pedro Umaña (P.U.), presidente de la Unión Sindical de Transportadores Unidos del Meta, una agremiación que reúne a cerca de 100 propietarios y conductores de buses colectivos en la capital.

Aunque admite que este servicio no es bueno, atribuye las deficiencias al desorden que hay en el actual sistema.   

PDM:¿Qué es la Unión Sindical de Transportadores?

P.U.: Este sindicato se creó a razón de los múltiples inconvenientes que hemos tenido y las múltiples quejas sobre las deficiencias en la prestación del servicio. Este sindicato se creó a razón de que los propietarios de buses necesitaban la defensa de alguien ante las entidades gubernamentales. Se creó en diciembre del 2021.

PDM: ¿Con cuántos propietarios?

P.U.: Empezamos 28 propietarios y también incluimos a los propietarios- conductores. Actualmente tenemos un grupo de 100 integrantes de los cuales un 30% son conductores-propietarios.

PDM: ¿Cuántas busetas hay en Villavicencio?

P.U.: Se habla de 980, pero no se ajusta a la realidad. 

PDM: ¿Cuál sería la realidad?

P.U.: Debido a los múltiples inconvenientes que hemos tenido con la administración y con las empresas, los propietarios han optado por vender sus vehículos de los modelos más recientes a otras ciudades como Popayán, Fusagasugá y Pamplona. Nosotros nos estamos quedando con el rezago de Bogotá.

PDM: Pero eso es responsabilidad de ustedes los propietarios…

P.U.: Bogotá nos vendió los vehículos del SITP que sacó de circulación y pues desgraciadamente los propietarios no tenían cómo comprar vehículos nuevos y les tocó adoptar esa flota. En Villavicencio para ser exactos tenemos más o menos un 60 % o 70 % de vehículos que ya tienen más de 20 años de servicio. Qué son los que están aquí y los del SITP.

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PDM: Tenemos dos actores, el Sindicato y Unirutas …

P.U.: La unión sindical defiende los derechos de propietarios y conductores. Unirutas es una unión temporal que está operando el transporte público.

PDM: ¿Cómo empezó este lío?

P.U.: En el 2010 había siete empresas, cada empresa tenía una ruta de buses que la operaba. La Ley, con el ánimo de organizar el servicio y el derecho a la igualdad, ordenó consolidar una sola empresa para operar las diferentes rutas, porque había unas empresas que tenían buenas y otras malas rutas. 

PDM: Fue cuando surgió la unión temporal 

P.U.: La ley dijo agrúpense en una unión temporal y a esa unión le damos todas las rutas. Se ordenó a las empresas que dichas rutas las podían operar por cinco años. Si la administración municipal no tenía objeción, automáticamente se podrían renovar otros cinco años.

Esa norma ya ha tenido dos prórrogas y todo parece que va a seguir igual porque no hay voluntad política de cambiar el sistema, con el detrimento de la calidad del servicio. 

PDM: ¿Cuándo debió reorganizarse el transporte?

P.U.: Como tarde, al 2022 debió reorganizarse el transporte, pero no se ha hecho nada y sigue la misma unión temporal. No lo digo yo, lo dice la justicia, que indicó que como tal Unirutas ya no debía seguir operando, porque cumplió el término establecido por ley, que son cinco años y se prorrogaron por una sola vez. Desde el 2021 se viene operando vías de hecho y no de derecho. Unirutas ya no debía seguir operando las rutas.

PDM: ¿Qué pasó con el alcalde Felipe Harman? 

P.U.: El alcalde anterior propuso realizar un Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), pero pasaron los cuatro años y no se concretó tampoco.

PDM: ¿Cómo era eso?

P.U.: El SETP es una alianza público-privada, en la cual el gobierno nacional financia todo el presupuesto para implementarlo. En ese tiempo había 700 mil millones de pesos para el proyecto. El municipio financiaría 400 mil millones, pero ese costo se dividiría a 10 años. Desgraciadamente, la política a veces es: ‘si eres amigo del presidente, yo te apruebo’. Con el cambio de gobierno local todo se paralizó. 

PDM: ¿El negocio sigue siendo rentable?

P.U.: No mucho. El Transporte Público Colectivo (TPC) en Colombia está en una crisis muy grave debido al aumento de las plataformas, al aumento de las tarifas, la falta de conductores y el aumento de los costos operacionales. 

PDM: ¿Qué dice el Tribunal ahora?

P.U.: Se han hecho varios estudios de movilidad de transporte público. El estudio que hizo la Universidad Nacional con Wilmar Barbosa, quedó obsoleto; a través de Findeter se desarrolló otro con la Embajada Británica, con Felipe Harman. La sentencia del Tribunal indica que si se va a utilizar este estudio tiene que ser enmarcado para implementar un SETP, no para un TPC, es decir que no serviría para una nueva prórroga de la unión temporal. No puede haber una mezcla de los dos modelos.  Ordena al municipio de Villavicencio que revise el documento técnico entregado por Embajada Británica, realizado en virtud de los estudios alentados mediante el convenio administrativo.

PDM: Pero seguimos en un stan by para montar en Villavicencio un sistema estratégico de transporte… 

P.U.: El stand-by se dio desde el momento en que salió la administración anterior. Por eso tuvimos que hacer el paro hace dos años. La administración fue sincera en decir que no había plata para iniciar el SETP. Entonces pedimos a Findeter una respuesta clara sobre qué pasó, pero allá nos dijeron que solo falta hacer el cierre financiero del proyecto por parte de la Alcaldía. 

PDM: ¿Pero la anterior administración tampoco hizo las correcciones a tiempo? 

P.U.: El concejo se lo devolvió y no le dio el aval fiscal. Nosotros le hicimos un paro a Harman también. 

PDM: ¿Entonces hoy usted diría que el transporte en Villavicencio tiene un sistema ilegal?

P.U.: Como estamos trabajando en este momento, la operación es ilegal. En este momento las empresas no deberían estar operando las rutas. ¿Qué es lo que dejó claro el fallo del Tribunal? Que hace más de tres años debió haber una licitación para entregar nuevamente las rutas. ¿Que es lo que sostiene esta operación hoy en día? El decreto en el cual ya se demandó. ¿Por qué? Porque viola normas superiores. 

PDM: ¿Esta sentencia en qué beneficia al sistema?

P.U.: En que se va a hacer una licitación acorde a la ley y que se puede ampliar a qué personas o propietarios puedan hacer una cooperativa de transportes y se vinculen al transporte, darle la oportunidad al propietario que monte una empresa porque ya estamos cansados de las empresas antiguas en las cuales no se dan garantías para el transporte.