Así se organizaban los falsos positivos en Casanare

24 comparecientes, entre ellos un general, y dos civiles, reconocieron ante las familias víctimas, su responsabilidad en la desaparición extrajudicial de 303 personas.

303 casos de ‘falsos positivos’ ocurrieron en Casanare entre los años 2005 y 2008, los cuales guardan relación con los departamentos de Meta y Boyacá.

Esta semana y por primera vez, durante tres días se llevó a cabo la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidades correspondientes al macrocaso 03 de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

Las investigaciones revelan que estos asesinatos y desapariciones forzadas fueron perpetradas por 22 exmiembros militares de la Brigada XVI bajo el mando del general (r.) Henry Torres Escalante, quien era comandante de esa brigada y reconoció ser el autor mediato de los hechos ocurridos.

Los militares involucrados estuvieron adscritos a las unidades especiales Delta, Gaula Casanare, Birno y el Batallón de Infantería N.º 44 Ramón Nonato Pérez y para entonces, ejecutaron acciones sistemáticas bajo una figura que la JEP ha denominado ‘una organización criminal’ conformada por al menos 367 miembros, quienes actuando de manera premeditada aparentaron una ventaja militar frente a los grupos armados subversivos que operaban en la zona, durante los años más crudos del conflicto armado en esta región del país.

Esta audiencia fue presidida por los magistrados Oscar Parra y Catalina Diaz, quienes siguiendo el clamor de las familias víctimas, fueron insistentes en pedir a los comparecientes precisar ¿quién dio la orden? En cada uno de los casos expuestos.

La magistrada Catalina Díaz, también concluyó que fueron precisamente estos hechos los que llevaron a que pueblos, veredas y comunidades fueran estigmatizadas y señaladas por tantos años y solicitó a la Unidad para las Víctimas, el reconocimiento de estas familias como víctimas del conflicto armado, siendo este un derecho inmediato, el cual les fue negado por más de 17 años y debe retribuírsele su lucha constante por sacar la verdad a la luz.

Las víctimas de Villavicencio

Según la magistrada Díaz, en conversaciones previas con los comparecientes, estos le confesaron que, en Casanare, cuando las comunidades se resistieron y quisieron denunciar estos hechos con apoyo de las personerías y Defensoría del Pueblo, decidieron cambiar su estrategia y empezaron a secuestrar víctimas de zonas aledañas a Casanare.

Marcolino Puerto Jiménez, coronel (r.) dijo que estas prácticas nacieron de los mismos miembros militares quienes traían conductas paramilitares de años anteriores.

El oficial retirado dijo también que, “cuando no lograban encontrar víctimas en sus zonas de patrullaje, buscaban en zonas lúdicas y bares. En otras ocasiones se iban hasta Villavicencio para perfilar personas que en muchas ocasiones fueron habitantes de calle y así mostrarlos como bajas“.

Wilson Rodríguez Mimisica, de Villavicencio, es uno de los dos civiles imputados con la máxima responsabilidad. Hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), que según sus mismas declaraciones, tenía raíces hasta los departamentos de Meta y Boyacá.

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Rodríguez Mimisica se convirtió en reclutador para las Fuerzas Militares y es señalado de haber engañado a jóvenes de Villavicencio que fueron llevados hasta Casanare y allí desaparecerlos. Aseguró que las personas que entregó eran de su círculo social y tenía pleno conocimiento que iban a ser asesinadas.

De Playa Rica y Porfía

Jennifer Cagua, hermana de Jhon Alexander Cagua, recordó la desaparición de su hermano ocurrida el 30 de marzo de 2007: “fue llevado con mentiras hasta la vereda El Porvenir de Monterrey, donde fue asesinado y a los cinco días, presentado como integrante del bloque llaneros de Casanare”.

Su hermana, cuenta que su única familia era Jhon Alexander, pues los dos quedaron huérfanos desde muy niños a causa del conflicto y por todos estos años ha mantenido la lucha por la memoria de su hermano.

Jennifer Cagua, reclamó a los comparecientes para que le fueran aclaradas las siguientes preguntas: ¿Quién se ideó este plan maquiavélico desde el mismo Estado? ¿Quiénes fueron las personas encargadas de ilusionar a mi hermano y a las otras víctimas? ¿Quiénes se los llevaron de Villavicencio y quienes los pusieron como carne de cañón? Agregando que fueron más las víctimas, entre ellas Pablo Murillo y Carlos Esquivel jóvenes también asesinados bajo esta modalidad.

Wilson Rodríguez Mimisica, el reclutador, declaró que entregó también en Casanare a dos jóvenes de quien no supo sus nombres, pero que fueron sacados del barrio Playa Rica en Villavicencio.

Por su parte el cabo Gelver Pérez, reveló que el comandante Peña Chivatá, le ordenó asesinar a un joven que había sido aprehendido en Ciudad Porfía y trasladado hasta Yopal donde fue desaparecido y presentado como baja en combate.

“Había mucha presión”

Según los declarantes, los constantes señalamientos por parte de sus superiores, los llevó a elegir a víctimas con perfil indefenso y vulnerable a quienes bajo retenciones, engaños y supuestas ofertas de trabajo, lograron ganar su confianza para luego hacerlos pasar por ‘bandidos’.

Torres Escalante acusado de liderar esta ‘organización criminal’, recordó que desde el Ministerio de defensa emitieron estímulos para incentivar el aumento de los resultados de las tropas. Por ejemplo, el soldado Alexander González, soldado (r.) confesó que recibió reconocimientos, permisos y medallas con los resultados de bajas presentadas.

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