Atentado contra sindicalista de la USO en Villavicencio, ya son 8 los amenazados

Así quedó el automóvil en el que se movilizaba el dirigente sindical.

La Unión Sindical Obrera (USO) denunció que este lunes, sobre las 4:00 de la mañana, Jonathan Urbano, presidente de la subdirectiva Puerto Gaitán de esta organización sindical petrolera, sufrió un atentado contra su vida que, gracias a la reacción de su esquema de escoltas, lo dejó ileso.

Jonathan Urbano, en una actividad sindical de la USO en Puerto Gaitán.

Según reportaron los sindicalistas, junto con tres acompañantes, el atentado contra la vida de Urbano fue perpetrado por hombres que al parecer se movilizaban en una motocicleta, y se presentó en la vereda El Amor, en las afueras de Villavicencio, cuando se dirigía hacia el municipio de Puerto Gaitán para participar del taller de derechos humanos y paz desarrollado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La reacción de los escoltas, quienes vieron cómo los ocupantes de una moto que estaba parqueada al lado del camino desenfundaron armas, permitieron que todos resultaron ilesos, a pesar que su camioneta fue impactada en varias oportunidades, la cual no tiene blindaje.

A las 3:00 pm de este lunes habrá un consejo de seguridad en el comando de la Policía Meta para analizar las acciones a seguir tras  el atentado con arma de fuego contra el dirigente sindical.

Henry Jara, Secretario Nacional de Derechos Humanos de la USO, dijo que la situación es preocupante porque ya son ocho las amenazas en contra de igual número de dirigentes sindicales. 

«No ha sido posible que la Unidad Nacional de Protección (UNP) o Ecopetrol asignen carros blindados al dirigente y hoy se demostró que en un carro normal no se pueden garantizar las condiciones», anotó Jara.

Desde el 2018 hay una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo en la que el Meta es uno de los departamentos con más riesgo para la actividad sindical. También desde el 2001 hay una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que obligan al Gobierno Nacional y a Ecopetrol a proteger la vida de los dirigentes sindicales.

La primera en reaccionar fue la estatal Ecopetrol, cuyos voceros rechazaron el atentado y dijeron que la Gerencia de Seguridad Física de la empresa  informó a la Policía Nacional y se activó la Ruta de Atención de casos especiales de la compañía, inmediatamente supo del hecho delictivo.

«Ecopetrol condena este hecho y rechaza todo acto de violencia, al tiempo que hace un llamado a los organismos del Estado competentes para que se refuercen las medidas de seguridad y se adelanten las investigaciones correspondientes», dijeron en un comunicado.

Los sindicalistas de la USO dijeron que la situación se torna más grave si se tiene en cuenta «la sistematicidad de los hechos ocurridos en las dos últimas semanas contra líderes de la USO, y contra las propias directivas».

Relataron que el pasado 13 de febrero del 2020, a las 3:00 de la tarde fue atacado con arma blanca el líder sindical David Ramírez, tesorero de la USO Puerto Gaitán se dirigía en
su vehículo particular, y herido en una de sus manos; al mismo tiempo fue atacada su
residencia.

Denunciaron que a pesar de la detención de los atacantes la Policía los dejó en
libertad, porque al parecer el sospechoso no portaba en ese momento ninguna clase de arma.

Frontera Energy también manifestó públicamente su rechazo  al atentado contra Urbano y sostuvo que «la compañía expresa su solidaridad con el señor Jonathan Urbano y espera que las autoridades esclarezcan los hechos».