Aumentó la conflictividad social en el sector minero-energético: Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó este martes un preocupante informe sobre el aumento de los conflictos socioambientales en el sector minero-energético en Colombia durante el año 2023. El informe revela un incremento del 46% en este tipo de conflictos, con un total de 130 eventos registrados en comparación con los 89 del 2022.

Las principales demandas de las comunidades afectadas por estos conflictos están relacionadas con:

• Derechos laborales y contratación de mano de obra local (33%)
• Impactos ambientales (32%)
• Regulación, formalización y control de la actividad minera (11%)
• Presencia e inversión estatal (8%)
• Demandas múltiples que involucran a empresas y Estado (8%)
• Derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes (7%)
• Otros (1%)

El informe destaca la existencia de graves conflictos ambientales por la explotación de hidrocarburos y su impacto en las fuentes hídricas, lo que ha afectado la vida y los derechos de las comunidades campesinas y pesqueras del Magdalena Medio.

En el Chocó, los conflictos se concentran en torno a la explotación aurífera y de cobre. Las comunidades expresan su inconformidad por los impactos ambientales de la actividad minera y reclaman su derecho a participar en la misma como medio de subsistencia.

Asimismo, en La Guajira, las preocupaciones giran en torno a la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos mineros que se encuentran en fase de cierre. Las comunidades indígenas también exigen su derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de energía eólica y solar.

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Camargo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento de la conflictividad social en el sector minero-energético. Enfatizó la importancia del diálogo como mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos.

En el periodo comprendido entre enero del 2022 y febrero del 2024, la Defensoría del Pueblo participó en 80 espacios de diálogo social, actuando como mediador o acompañante de las partes en conflicto. Estos diálogos se desarrollaron en 37 municipios de 15 departamentos y en el Distrito Capital, logrando el consenso, la concertación y la construcción de acuerdos entre las partes.

El informe ‘Conflictividad Social en el Sector Minero Energético en Colombia’ formula recomendaciones a las instituciones públicas nacionales y regionales, organismos de control, academia, centros de investigación, comunidades y organizaciones sociales. Estas recomendaciones buscan prevenir el escalamiento de la conflictividad social y consolidar una política pública para una transición energética con justicia social y ambiental.

Finalmente, Camargo anunció que se realizará un seguimiento riguroso a las recomendaciones formuladas para evaluar su cumplimiento, invitando a la Procuraduría General de la Nación a apoyar y acompañar esta tarea.