Congreso aprobó $2 billones de regalías para la educación

Por: redacción El Espectador

De ese rubro, $1.5 billones estarían destinados para la educación pública. Sin embargo, la oposición afirmó que, tal como quedó redactado el texto del proyecto, estos recursos no quedarían garantizados para dicho sector.

Este miércoles, en las plenarias de ambas cámaras del Congreso se llegó a un consenso para el presupuesto de la ley bienal de garantías 2019-2020, aprobando $2 billones para la educación, de los cuales $1 billón será destinado para la infraestructura de los establecimientos de la educación pública.

“El otro $1 billón será para dotaciones, bienestar, regionalización, formación de doctores en programas nacionales de Colciencias y fortalecimiento institucional”, manifestó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

El ponente del proyecto, el representante de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, detalló uno a uno los valores que recibirá cada ítem del rubro, advirtiendo que los $2 billones dependen de la voluntad de los alcaldes y gobernadores, quienes se reunieron con el presidente Iván Duque para presentar alternativas para la financiación de la educación pública.

De acuerdo con Jiménez $1 billón será entregado para infraestructura, $500.000 millones para becas, $250.000 millones para educación primaria y secundaria, y los $250.000 millones restantes para becas de los profesores.

Pese a que los sectores que apoyaron estos recursos aseguran que este dinero ayudará a resolver la situación de la educación pública, la oposición no quedó satisfecha en cómo quedó redactado el documento que dicta las disposiciones y los valores a invertir, pues ellos afirman que no ven claras las garantías para financiar este rubro.

“La ley de regalías no garantiza plata para las universidades porque dice ‘se podrán financiar’ proyectos de infraestructura ‘hasta por $1 billón’. ‘Podrán’ significa posibilidad y ‘hasta’ es lo máximo, no lo mínimo”, escribió el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático.

No obstante de su aprobación, varios legisladores afirmaron que el proyecto fue “pupitreado” por cuenta de la presunta presión que habría ejercido el Gobierno sobre el texto.

Al respecto, algunos representantes comentaron que, tan pronto se aprobó en el Senado, el expresidente llegó a la Cámara  junto a varios ministros del gabinete para verificar que se aprobara el texto tal cual quedó avalado por la Cámara Alta. Entre ellos estaban Alberto Carrasquilla (Hacienda), María Fernanda Suárez (Minas), Nancy Patricia Gutiérrez (Interior), María Victoria Angulo (Educación) y Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación.