Contraloría alerta por manejos de regalías en el Meta

La investigación ¿revela en qué invierten los recursos de regalías en el Meta tras la reforma al sistema en 2012.

A diciembre de 2017, el Meta tenía un total de 73 contratos suspendidos, que ascienden a $178.035 millones de pesos. Estos contratos hacen parte de 42 proyectos por valor de $215.103 millones de pesos, por recursos propios.

Teniendo en cuenta que los proyectos en ejecución, a la misma fecha ascendían a un poco más de un billón de pesos, alrededor del 20 % de los mismos estaría en riesgo de culminar, por cuenta de la suspensión de contratos.

Por otra parte, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación, sobre la ejecución de los recursos en el Meta, cuya responsabilidad compete enteramente a los gobernantes territoriales, prevalecen riesgos de corrupción, de acuerdo con el alto porcentaje de la contratación que se realiza sin pluralidad de oferentes.

La mayor parte de la contratación, el 59%, se hace por concurso (licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía), sin embargo, un porcentaje significativamente alto se realiza por contratación directa (41%).

Los recursos de regalías continúan constituyendo la más importante fuente de financiación del Meta; en el caso de la gobernación representaron el 35 % ($361.193 millones) de los ingresos totales en 2017; aunque en 2011, antes de la modificación al sistema de regalías, su participación era del 53 % ($705.131 millones).

En los municipios del departamento esta tendencia decreciente también se refleja en el total de los ingresos: 23% en 2011 y 7% para el 2017. Entre los años 2012 y 2017, el Meta obtuvo recursos de regalías por un valor de $4,4 billones, de los cuales $3,5 billones, el 79 %, se destinan a inversión; cerca de $941 mil millones, el 21 %, al ahorro (FAE y Fonpet) y $11.736 millones, el 0,3%, al funcionamiento o fortalecimiento institucional.

En cabeza de la gobernación está la mayoría de los recursos: más de $2,7 billones que equivalen al 78,8 % del total. Esto por la reforma a las regalías que puso en cabeza de estos entes territoriales los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; el de Desarrollo Regional; y el 60% del Fondo de Compensación Regional, además de las asignaciones directas que les corresponden.

Entre los municipios se distribuyen cerca de $743 mil millones de pesos, provenientes de las AD y del FCR 40 %. Cabe resaltar que los principales municipios beneficiados son Puerto Gaitán ($427 mil millones), con cerca del 57 % de las regalías distribuidas entre todos los municipios, Acacías ($84 mil millones), Castilla La Nueva ($73 mil millones), Villavicencio ($34 mil millones) y Cabuyaro ($25 mil millones).

De los cuales en los tres primeros se encuentran cinco de los campos petroleros más productivos del país: Rubiales, Castilla, Chichimene, Quifa y Castilla Norte, operados por Ecopetrol y, que entre todos aportan más del 40 % de la producción nacional de hidrocarburos.

El valor de los proyectos aprobados a diciembre de 2017, ascendió a $4 billones para un total de 674 que incluyen las inflexibilidades, que son los compromisos adquiridos previos a 31 de diciembre de 2011 y que se siguen financiando con el SGR.

Dicha cifra es mayor que la inversión asignada ($3,5 billones) debido a que se han aprobado vigencias futuras, las cuales son autorizaciones, otorgadas por la asamblea o concejo respectivo, en las que se faculta al gobernador o alcalde para que celebre compromisos que afectan presupuestos de anualidades subsiguientes, el los términos establecidos por la ley.

De manera que sobre la inversión aprobada, el 47% ($1,9 billones) se dirige a los sectores que inciden de manera directa sobre las necesidades más sentidas de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda e inclusión social. El restante 53% está concentrado en sectores como transporte (39,4%), ambiente y desarrollo sostenible (2,5%), cultura, deporte y recreación (2,4%); seguidos de minas y energía (1,8%) y ciencia y tecnología (1,5%), entre otros.

Todo esto debería redundar en el bienestar general de la población del Meta, siempre y cuando los proyectos a ejecutar demuestren que las vigencias futuras son herramientas eficaces para el cumplimiento de los planes de desarrollo y no, por el contrario, que sean instrumentos que atenten contra la estabilidad fiscal del departamento y los municipios.