La marcha del 21

Foto: tomada de El Colombiano

“Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Así lo expresa la Constitución de Colombia y por eso la marcha del 21 de noviembre y todas las que se desarrollen son absolutamente válidas y responden a un derecho fundamental de todo ciudadano.

Por ello, si usted está inconforme y tiene tiempo ese día, vaya y marche; desahóguese, grite, exprese ese inconformismo, pero hágalo con el respeto que usted les pide a los demás que tengan hacia su manifestación, a sus pertenencias y en especial a su preferencia ideológica.

Tenga en cuenta que no es tiempo para ponerle gasolina a la mecha que podría incendiar el país y tampoco lo es para protestar vulnerando los derechos fundamentales de los demás. Eso lo deben tener en cuenta quienes convocan a estas protestas, para tener un mínimo de control sobre las personas a las que invitan.

Colombia aún tiene pendiente el debate serio y argumentado en el Congreso de la República sobre la protesta social: mientras algunos dicen que es necesaria para luchar contra los abusos de poder y de las autoridades, otros manifiestan que se estigmatizó e instrumentalizó por agentes e intereses que muchas veces no responden al espíritu que  provoca la movilización.

Es necesario que nuestra Nación, sus habitantes, sus dirigentes, pensemos sobre los alcances que pueden tener las actividades de las autoridades como la Policía y el Esmad en estas marchas con el objetivo de que se pueda seguir garantizando la protesta social,  pero también se necesita que la ciudadanía no abuse de este derecho que le confiere la Constitución, y menos que se vincule con actos terroristas o vandálicos.

La línea es muy delgada en la discusión de si es necesario limitar la protesta social para privilegiar el derecho a la seguridad y a la movilidad de los demás ciudadanos que no participan en las movilizaciones.  Sin embargo, consideramos que las mismas personas debemos dignificar las demandas de las manifestaciones con argumentos, de frente a la sociedad y en especial con el buen comportamiento, denunciando a quienes desean estigmatizarla.

Ya varios Estados y la comunidad internacional han defendido la creación y adopción de códigos de conducta vinculantes y de principios sobre el uso de la fuerza, en los cuales se determina cuándo debe usarse e incluso la rendición de cuentas, cláusulas de responsabilidad y sanciones a quienes incumplan. Es hora de hablar del tema sin temor a que pensar que se limita el derecho.