Contraloría municipal hizo un hallazgo fiscal por 105 millones en la Secretaría de Movilidad de Villavicencio

Secretaría de Movilidad

La Contraloría Municipal de Villavicencio en su más reciente informe, denunció los hallazgos fiscales por más de 105’680.002 millones de pesos que encontró en la Secretaría de Movilidad del municipio luego de la auditoría especial realizada por el organismo.

De acuerdo con el ente de control, el primer hallazgo hace relación a recursos no percibidos por el municipio de Villavicencio correspondiente al Contrato de Concesión 776 de 2010 con el Consorcio Servicios de Tránsito de Villavicencio (Sertravi), por distribución indebida en el recaudo a los procesos de cobro coactivo aperturados por la Secretaría de Movilidad, por un valor de $48’020.483 millones.

El segundo hallazgo se refiere a recursos no percibidos por el Municipio correspondiente al Contrato de Concesión 776 de 2010 con el Consorcio Servicios de Movilidad (Sertravi) por indebida distribución del recaudo por el cobro al contraventor de los derechos de fallo con resolución de prescripción, generándose un detrimento patrimonial de $19’216.800 millones.

Así mismo, la Contraloría  evidenció falta de gestión en el trámite de los procesos administrativos, lo que terminó en prescripciones por violación a las normas de tránsito vigencia 2017, dejando de percibir el municipio de Villavicencio ingresos por $18’029.579 millones y otros $20’413.140 millones por fallos absolutorios con fundamentos contrarios a la normatividad, es decir, comparendos que no se ajustan a las normas.

El ente de control también determinó como hallazgo disciplinario, que falta gestión por parte de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio en la recuperación de cartera en los procesos de cobro coactivo y existe omisión al cumplimiento de la normatividad vigente.

La auditoría realizada a la Secretaría de Movilidad de Villavicencio corresponde a la vigencia 2017.

El proceso fue remitido al despacho de Responsabilidad Fiscal para que se de apertura y determinar los responsables fiscales, así como al ente competente para la investigación disciplinaria.